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gobernanza y la participación de los
pueblos indígenas y tribales en la vida
pública. En este sentido, hay que hacer
hincapié en el artículo 7 del Convenio
Número 169, el cual establece que los
pueblos indígenas y tribales tienen el
derecho de decidir sus propias prioridades
en lo que atañe al proceso de desarrollo,
en la medida en que éste afecte
a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual. Tienen derecho a
las tierras que ocupan y a decidir sobre
su propio desarrollo económico, social
y cultural.
La tarea de reducir las inequidad por
razones de origen étnico es, esencialmente,
una responsabilidad del Estado.
Así lo estipula el Convenio Número 169,
el cual establece que los gobiernos
deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar una acción coordinada y
sistemática con miras a proteger los
derechos de los pueblos indígenas y tribales
(artículo 3) y asegurar que existan
instituciones y mecanismos apropiados
(artículo 33).
La consulta y la participación en el
Convenio 169, es un instrumento que
estimula el diálogo entre los gobiernos
y los pueblos indígenas y tribales y ya ha
sido utilizado como herramienta para
los procesos de desarrollo, prevención
y resolución de conflictos en muchos
países.
Si bien se ha logrado un avance
considerable en relación con la imple-
mentación del Convenio 169 en Honduras,
por medio de la creación de la
SEDINAFROH, se deben hacer mayores
esfuerzos en la gestación de políticas
públicas incluyentes. En este sentido,
existen varios desafíos en cuanto su implementación.
Son claves, la acción coordinada
y sistemática requerida para la
implementación de leyes, y, la necesidad
de asegurar la consulta y participación
de los pueblos indígenas en la toma de
decisiones que les conciernen.
Este último punto fue defendido por
uno de los representantes indígenas que
participó en los grupos focales del INDH
2008/2009 al sostener que “en cuanto a
material de aplicación de los derechos indígenas,
si ustedes ven en la Constitución,
salvo, tímidamente el artículo 346, no hay
nada que diga sobre los pueblos indígenas
y no hay un manual de cómo aplicar ese
artículo. El Convenio 169, el Convenio de la
Diversidad. Yo no he conocido un informe
todavía donde el gobierno responde en
dónde en estas áreas se han aplicado estos
instrumentos internacionales a favor de
los pueblos indígenas. La misma Constitución
nos pone a los pueblos indígenas
y afro hondureños como pueblos iguales;
nuestras culturas, nuestras costumbres
responden a una cosmovisión indígena,
a una cosmovisión afro hondureña, que
son diferenciadas totalmente a la de los
otros pueblos. Entonces la aplicación de
todos los sistemas: educación, salud, en
materia jurídica, tiene, obviamente, que
ser diferenciada en función de nuestra
cultura. Entonces, aquí miro bastante
inequidad en los derechos de los pueblos
indígenas. Yo no quisiera decir que son
irrespetados, suena como muy feo, pero
si son severamente ignorados.”
Reducir las brechas de inequidad
por razones étnicas es garantizar la diversidad
étnica, respetar el patrimonio
cultural de los grupos étnicos, fomentar
el desarrollo del capital social, mejorar
el acceso a educación, salud, crédito,
valorizar sus conocimientos ancestrales
y apoyar decididamente sus emprendimientos.
Ello exige políticas públicas que
garanticen apoyo técnico y fomenten la
participación incluyente e informada de
los grupos étnicos en decisiones públicas
que tengan impacto en sus propias
condiciones de vida. Solo así será posible
proveer a los pueblos indígenas y
afro-descendientes hondureños, sobre
todo, a los que habitan en el área rural,
de las capacidades y oportunidades que
requieren para escoger el tipo de vida
que tienen razones para valorar.
Notas
1. En este caso el nivel de vida se mide a
través de Quintiles Socio-Económicos
(QSE), los que a su vez se calculan por
medio de un índice que toma en cuenta
la satisfacción de necesidades básicas, la
posesión de bienes y acceso a servicios.
SEPARATA 3: LA INEQUIDAD VISTA DESDE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO-DESCENDIENTES HONDUREÑOS 183