16P9CTg

RECUADRO 5.3: Reformas al Poder Judicial: intervenciones orientadas a su modernización
166
El proceso de reforma del Poder Judicial
se inició hacia mediados de la década del 80
con la firma de un Convenio entre el Instituto
Latinoamericano para la Prevención
del Delito y el Tratamiento del Delincuente
(ILANUD) y la Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID) con el objetivo de mejorar
el sistema de justicia en varios países de la
región, incluido Honduras.
Con el apoyo de organismos de la cooperación
internacional se han creado instituciones
y se han emitido algunas leyes que
han cambiado la forma de administrar la
justicia en el país. Entre estas instituciones y
leyes pueden mencionarse las siguientes: la
creación de la Defensa Pública (1989), el Código
de la Infancia y la Adolescencia (1996),
la Ley contra la violencia doméstica (1997)
un nuevo Código Procesal Penal (2002) y un
nuevo Código Procesal Civil (2006).
En 1997, el Estado hondureño suscribió
un Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) a través del
Programa de Modernización para la Administración
de Justicia por US$ 7.2 millones.
Los últimos desembolsos de este préstamo
de cuatro años de duración, parecen haber
concluido a inicios de 2003. Este crédito fue
acompañado de una cooperación técnica
no reembolsable de 1.5 US$ millones. El 11
de diciembre de 2002, el Estado hondureño
suscribió un nuevo Contrato de Préstamo
por US$ 30 millones (1115/SF-HO) para financiar
la II Etapa de la Modernización de la
Administración de Justicia.
El Código Procesal Penal fue aprobado el
19 de diciembre de 1999 y entró en vigencia
el 20 de febrero de 2002. Este instrumento
jurídico permite el tránsito de un sistema
inquisitivo a uno acusatorio, el desplazamiento
de los juicios escritos por juicios
orales. Para garantizar la gratuidad de los
servicios del acceso a justicia, el Nuevo Código
Procesal Penal ha dejado establecido
en su artículo 15 que: “Toda persona deberá
contar con la asistencia y defensa técnica
de un Profesional del Derecho, desde que
es detenida como supuesto partícipe en un
hecho delictivo o, en el momento en que
voluntariamente rinda declaración, hasta
que la sentencia haya sido plenamente ejecutada.
Si el imputado no designa Defensor,
la autoridad judicial solicitará de inmediato
el nombramiento de uno a la Defensa Pública
o, en su defecto, lo nombrará ella misma.
Este derecho es irrenunciable. Su violación
producirá la nulidad absoluta de los actos
que se produzcan sin la participación del
Defensor del imputado”.
INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO HONDURAS 2011
Lo propio ha hecho el nuevo Código
Procesal Civil que fue aprobado en enero
de 2006 y publicado en La Gaceta el 26 de
mayo de 2007. Su aplicación fue postergada
por dos años a fin de que pudiera ser socializado
entre la población y que los profesionales
del derecho, se familiarizan con el
mismo. Mediante Decreto No. 168-2009 se
aumentó la moratoria precedente hasta el 1
de noviembre de 2010. Este último decreto
legislativo fue emitido respondiendo a una
excitativa de la Corte Suprema de Justicia
en la cual se indicaba que aún no se habían
emitido las leyes, elaborado los diagramas
del flujo del nuevo proceso civil, formularios
y reglamentos respectivos.
En sus artículos 91, 92 y 93, el nuevo Código
Procesal Civil ha establecido el derecho
a la justicia gratuita. Este derecho incluye
los siguientes beneficios: 1) asesoramiento
y orientación gratuitas previos al proceso a
cargo de la Defensoría Pública; 2) defensa y
representación gratuita por defensor público
en el proceso civil: 3) inserción gratuita
de anuncios e edictos en el curso del proceso;
4) asistencia pericial gratuita en el proceso;
5) gastos de traslado de los testigos; 6)
obtención gratuita de copias, testimonios,
instrumentos y actas notariales, y, 7) Exenciones
de derechos arancelarios notariales y
registrales. El derecho a la asistencia gratuita
es todavía una tarea a cumplir. Aún están
en proceso de construcción de los mecanismos
que hagan realidad esta propuesta
normativa.
A través del Proyecto “Fortalecimiento del
Poder Judicial en Honduras”, que ha tenido
varias fases, la Cooperación Español ha contribuido
durante varios años a la reforma del
Poder Judicial. La Cooperación Española ha
apoyado durante muchos años a la Escuela
Judicial que se encuentra bajo la égida
del Poder Judicial. La Cuarta Fase de este
Proyecto fue firmada el 15 de noviembre
de 2010. Se trata de una asistencia técnica
orientada a organizar el Archivo General del
Poder Judicial.
En junio de 2005, el Estado de Honduras
suscribió un contrato de préstamo con el
Banco Mundial de US$ 15.0 millones para
financiar un proyecto de modernización de
la Rama Judicial. Este programa aspiraba a
mejorar la capacidad y desempeño de la
rama judicial en tres áreas fundamentales:
a) mejorar la eficiencia en el procesamiento
de casos, juicios y apelaciones: 2) fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas, y
3) mejor acceso a la justicia, especialmente
para los grupos más vulnerables.
Fuente: Basado en Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de Florida (FIU,
1987, pág. i), Corte Suprema de Justicia de Honduras (2006, págs. 41–42), La Gaceta No. 32,436 (2011,
págs. 1–8) y World Bank (2005a, pág. 2).
En los apartados siguientes, se busca valorar
algunos de los avances institucionales que han
ocurrido en los últimos años en materia de acceso
a la justicia e identificar algunas de las tareas
y desafíos pendientes, principalmente en lo que
respecta a la oferta pública de opciones para el
acceso a la justicia.
5.3.1 Cobertura geográfica de los juzgados o
tribunales de justicia
El primer paso que el ciudadano tiene que
dar para lograr acceder a los servicios del aparato
judicial, es acercarse a uno de sus centros de atención,
en este caso, los tribunales y juzgados. En
este sentido, la cercanía o al menos accesibilidad
geográfica de los mismos, resulta clave para poder
tener acceso a la justicia.
***
“En el caso mío, yo vivo en una aldea. De mi
comunidad tengo que desplazarme a Meambar.
En el tiempo que estamos ahora, ahí en el camino
lo pueden tantear a uno y entonces ya no se va a
poner la denuncia. Entonces pienso que sería mejor
un canal más inmediato para acudir pronto a
poner los motivos. Ahorita, de noche como matan
la gente. ¡Es horrible! Pero si hubiera un canal
más cercano, sería más inmediata la cosa.”
Mujer del área rural, nivel socio-económico
bajo. Grupo Focal en el tema político-judicial.
Tegucigalpa, 2011.
***
Como se conoce, la Corte Suprema de Justicia
tiene su sede en Tegucigalpa. Las Cortes de Apelaciones,
los Tribunales de Sentencia y los Juzgados
de Letras, ya sea de lo civil, penal, de trabajo, niñez
y adolescencia, inquilinato, contencioso-administrativo,
violencia doméstica, fiscal administrativo
y de familia, se concentran en los principales
centros urbanos del país. Es decir, ciudades como
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua,
Copán, Choluteca, Danlí, Santa Bárbara y
Juticalpa. Los Juzgados de Paz, la unidad básica
del sistema judicial hondureño, se ubican en todo
el país. El cuadro 5.4 ofrece un panorama de la
cobertura de los jueces por departamentos.
Como puede verse en el cuadro 5.4, hay departamentos
que tienen una alta concentración de
jueces y otros en los cuales, la cantidad de jueces
es ínfima. Entre los primeros, debe mencionarse
Francisco Morazán (177 jueces), Cortés (107)
y Atlántida (55 jueces). Entre los segundos, se