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micos que tienen más oportunidades de acceso
al crédito se concentran en el corredor central de
desarrollo o la llamada T del desarrollo. Revela,
adicionalmente, que más del noventa por ciento de
la cartera crediticia privada se concentra en tres departamentos
del país, lo cual ayuda a comprender
porque se ha ido marginando del acceso al crédito
a los grandes bolsones de pobreza que se ubican
principalmente en las zonas rurales.
Si el Estado asume este desafío como una oportunidad
para ampliar territorialmente su cartera
crediticia de manera estratégica como un plan para
reducir la pobreza, es recomendable la creación de
un plan financiero para minimizar los costos de
transacción del crédito fuera de la T del desarrollo.
Esto se puede hacer por medio de un trabajo de
coalición con los diferentes sectores productivos,
locales y nacionales, los campesinos, la cooperación
internacional, la academia, entidades gubernamentales
y, en especial, con las micro-financieras que
operan actualmente en las zonas rurales.
La reactivación de la agenda de trabajo que pretende
planificar de manera integral y consensuada
el desarrollo económico de sectores productivos
locales es vital. Bajo este marco de acción focalizado,
es recomendable articular las redes de micro-financieras,
fomentar su capacitación y su fortalecimiento
estratégico, para así efectivizar la cartera crediticia
del Estado. De esta manera se puede lograr el
empoderamiento del agente local y la explotación
sustentable y efectiva de los recursos naturales.
La ampliación y diversificación de la cartera crediticia
estatal hacia los segmentos de la población
más pobre y vulnerable, requiere tener en cuenta
el riesgo de la inversión y la implementación de
medidas que permitan la prevención y mitigación
de riesgos. Esto en aras de financiar actividades
productivas de bienes y de servicios, en los cuales
la vulnerabilidad del sector de las microempresas,
sean del tipo de que sean, sea tratada apropiadamente
para evitar que los factores meteorológicos
o de orden climatológico, puedan revertir los beneficios
de la inversión generada por el crédito.
Objetivo III. Reforma del sistema
tributario: de la regresividad a la
progresividad
En este Informe ha quedado demostrado que
la estructura de recaudación tributaria en el país
es de carácter regresivo, tanto así que, Honduras
se encuentra en el grupo de los 10 países más
regresivos de América Latina desde el punto de
vista tributario. La principal fuente de ingresos del
Estado son los impuestos indirectos (sobre la producción,
consumo, ventas y servicios) que gravan
por igual a todas las personas, independientemente
de su nivel de ingresos, afectando más el ingreso
de los pobres que el de los más ricos.
En el tema de la recaudación tributaria, hay que
examinar la política de exoneraciones que impide
una recaudación tributaria más equitativa. En
2009, las exoneraciones fiscales representaron un
6.5% del PIB. Esto significa que lo que se dejó de
cobrar, fue equivalente al 44% de los impuestos
tributarios recaudados ese año. Esta política de
exoneraciones fiscales debe ser revisada y re-adecuada
ya que tiene un impacto negativo sobre la
capacidad del Estado de financiar políticas públicas
orientadas a promover el desarrollo humano
y reducir la inequidad.
En este Informe se señala que Honduras está
ante una situación en que los ingresos fiscales
han disminuido como porcentaje del PIB, por
lo que resultan insuficientes para financiar un
aumento significativo de la inversión pública.
Ante esta escasez de recursos, el uso o asignación
de los recursos públicos, se convierte en un tema
importante en términos de política pública para
promover la reducción del gasto corriente y privilegiar
la inversión.
Es vital llegar a un acuerdo para impulsar mecanismos
de tributación progresiva. La tributación
progresiva tiene un gran poder redistributivo, lo
cual fomentaría de manera directa la equidad
económica en Honduras.
De acuerdo con lo anterior, es necesario establecer
un acuerdo para pasar de un sistema impositivo
regresivo a uno progresivo. Esto debería ser parte
de cualquier Pacto Social propuesto. Asimismo,
es preciso tomar medidas para evitar la evasión
fiscal, revisar las políticas de exoneración, efectivizar
el gasto público, reducir el gasto corriente e
incrementar la inversión pública bajo principios
de equidad vertical.
La experiencia de los países con sistemas tributarios
que han llegado a imponer altas tasas impositivas
enseña que es importante que la gente confíe
en la eficacia del Estado para devolver los impuestos
captados en servicios para toda la población (véase el
ejemplo de Noruega en el recuadro 7.3). En cambio,
en países como Honduras, caracterizado por una
profunda desconfianza de la ciudadanía hacia la
eficacia del Estado y la relativa opacidad con que
se manejan los asuntos del mismo, la disposición
de las personas a un aumento de la carga tributaria,
resultaría baja.
Así lo evidencia la ENPDH 2011, donde casi
UN PACTO SOCIAL PARA REDUCIR LA INEQUIDAD EN HONDURAS
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