IV Edición Revista Derecho en Sociedad - Ulacit

DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 4 . Enero del 2013
Revista electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica
subjetivo público – en el ejercicio del poder de policía (Córdoba, Fallas, Ramírez y
Valerín, 1996, p. 323).
La Sala Constitucional ha intentado acercarse al tema de los beneficios conexos del derecho
de la propiedad junto con su valor económico. Sin embargo, la trascendencia de la
propiedad en la economía es tal, que no puede estar sujeta únicamente a la interpretación
de nuestro máximo tribunal constitucional. La Constitución Política debe hacer una
manifestación expresa y directa de la propiedad como elemento generador de riqueza y de
bienestar de los ciudadanos.
Dentro del mismo orden de ideas, nuestro Código Civil, como norma superior de regulación
de la propiedad, en su Libro II, De los Bienes y de la Extensión y Modificaciones de la
Propiedad, se encarga de establecer las condiciones generales de la propiedad, de definir su
protección junto con la regulación de sus diferentes formas de uso y disfrute, además de
las limitaciones respectivas. Pero tampoco hay una mención específica a la propiedad como
elemento esencial para la generación de bienestar en los ciudadanos 5 . De hecho, el ex
magistrado Ricardo Zeledón, en su ensayo Código Civil y Realidad, de 1987, ya lo advertía:
Parece que los codificadores de 1886 nunca se plantearon como criterio definidor
del nuevo cuerpo de leyes la posibilidad de lograr introducir en la propiedad
concebida un instrumento de eficacia económica: se buscó una titularidad jurídica
pretendiendo –al igual de cómo lo instituyó el Código Civil – un derecho al cual
debían otorgársele todas las prerrogativas, como forma de garantizar la libertad
económica del propietario. Nada más. Los criterios económicos de los liberales se
orientaban más al tener que al hacer, no solo por un planteamiento eminentemente
5 Es probable que exista una tendencia doctrinaria que sustente que el Código Civil no debe
tener menciones de este tipo, pues consideraría que una formulación a nivel constitucional
sería suficiente. Sin embargo, para el autor, la mención explícita en el Código Civil vendría
a respaldar la posición establecida en la Constitución Política por lo que sería también
necesario.
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