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Una última hipótesis que hay tomar en consideración con respecto
a “la conjura de los Ranfi” es la que nos lleva a estudiar las ambiciones
del obispo Rodolfo Pedrazzani. Éste fue el elegido en el año 1302 y no
era originario de Trieste. Desde un principio se mostró muy interesado en
lograr la restitución por parte del Comune de todas las prerrogativas y
bienes concedidos por el Obispo Brisa de Toppo en el 1295. En primer
lugar reclamó que le restituyeran el castillo de Montecavo y en 1305 el
Comune acordó la devolución pero a cambio le pidió al Obispo Rodolfo
que aceptara la alienación de los derechos sobre la ciudad efectuada por
Brisa de Toppo; el Obispo entró en negociaciones pero en ningún
momento quiso ceder los derechos porque sostenía que originalmente no
se podían haber alienado los derechos sin consultar previamente a los
prelados triestinos y al Papa.
Con el pasar del tiempo la posición definitiva del Comune fue que
habría aceptado la jurisdicción del Obispo de acuerdo a la tradición pero
en ningún caso habría cedido la autonomía y las leyes que habían
establecido de modo autónomo. El Obispo por su parte, no cedió en su
posición de regresar a la situación de antes del 1253 ya que sostenía (y
con cierta razón jurídica) que tenía la razón en sus planteamientos.
Es en ese periodo que consideramos que el Obispo pudiera haber
conspirado con un personaje distinguido como lo era Marco Rango; de
hecho los Ranfi eran vasallos directos del Obispo.
Además en 1313 Marco Rango fue nombrado vicario presidente
de la Curia por lo que estaba en estrecho contacto con el obispo Rodolfo
y no habría sido nada sorprendente que los dos hubieran complotado
para el restablecimiento de las prerrogativas obispales.
Por último lo que hay que añadir a este episodio de “la conjura de
los Ranfi” y en consideración de lo poco que aportan los documentos es
que independientemente de cual hay sido la razón del castigo para Marco
Ranfo su familia y sus seguidores lo que podemos entender es que
pareciera como si los contemporáneos trataron de diluir cualquier
información al respecto y lo único que quedó en firme fueron los castigos
ejemplarizantes que se transmitieron de un estatuto ciudadano a otro.
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