ESTADO DE LAS CIUDADES ESTADO DE LAS CIUDADES

Recuadro 1
Las estrategias económicas en América Latina
La estrategia de sustitución de importaciones, que se desarrolló al amparo de lo que podría llamarse el Consenso
de la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas que la impulsó,
incluía políticas de:
1) Protección de la producción local manufacturera de las importaciones competitivas, a partir de barreras
cuantitativas y cualitativas (aranceles aduaneros, cuotas y otras restricciones al comercio internacional,
respectivamente), con lo que la producción de manufacturas creció aceleradamente hasta llegar a representar
una parte sustancial del PIB nacional;
2) Expansión del Estado a partir de la inversión pública para el desarrollo de la infraestructura económica
requerida por el país y del gasto público para la expansión de la educación y la salud públicas para cubrir a la
mayoría de la población del país; así como
3) Expansión de empresas públicas, en la concepción de que el tamaño de determinadas inversiones superaba
las capacidades financieras y organizativas del sector privado nacional y la reserva para el Estado de otras
actividades, bajo el concepto de “industria estratégica,” sea por su pretendida importancia para el desarrollo
económico y social o por su carácter de monopolio natural que implicaba ganancias no competitivas que
debían controlarse y trasladarse a la mayoría de la sociedad;
4) Controles eventuales de precios para evitar abusos de los oligopolios que emergieran del proceso de protección
sustitutiva;
5) Y en casi todos los países grandes, con la excepción de Colombia, reforma agraria con la finalidad de
incrementar la productividad de la producción agropecuaria, a cargo hasta ese entonces de grandes
latifundios, a fin de garantizar un nivel alimentario adecuado a una población urbana creciente por el proceso
de desarrollo de las manufacturas.
De alguna manera, dicha estrategia era la lectura latinoamericana de las políticas keynesianas de expansión de la
presencia del Estado en la economía, tanto en términos fiscales y monetarios como de regulación de los mercados.
Las políticas keynesianas habían emergido para salvar el capitalismo mundial jaqueado por la Gran Depresión de
los años treinta del siglo XX. Dichas políticas se reforzaron durante y después de la segunda guerra mundial, tanto
para expandir la economía estadounidense como para reconstruir la europea destruida por la guerra. En este último
caso, la intervención masiva de los estados con financiamiento estadounidense se dio a través del llamado Plan
Marshall.
Pero a principios de los años ochenta, probablemente por los excesos del Keynesianismo y las ineficiencias que lo
acompañaron, ocurrió un cambio de liderazgo en los Estados Unidos y Europa. Arrancó con la elección en 1979 de
Margaret Thatcher en el Reino Unido y en 1981 de Ronald Reagan en Estados Unidos. Significó el comienzo de la
dominación neo-conservadora en el mundo, llamada neo-liberal en América Latina. Fue el establecimiento de una
nueva era en términos ideológicos, teóricos, de política y gestión económica.
En lo político se tradujo en la preeminencia de las ideas conservadoras en las relaciones sociales, la preeminencia
de la seguridad sobre la libertad, reforzada más adelante con la magnificación de los ataques terroristas, el
refuerzo del individualismo sobre la solidaridad social y el consecuente desmantelamiento del Estado de Bienestar.
En lo académico significó la preeminencia de las corrientes monetaristas, de la “nueva economía clásica” y del libre
mercado en las escuelas estadounidenses y europeas y, por extensión, en todo el mundo, que justificaron y dieron
sustento ideológico a los primeros.
En América Latina se tradujo en el llamado Consenso de Washington que orientó una estrategia económica basada
en:
1) La apertura y liberalización de los mercados de bienes y servicios y de las cuentas corriente y de capital de la
balanza de pagos; que significó la eliminación de barreras cuantitativas y cualitativas al comercio exterior;
2) La disminución de la intervención directa del Estado en la economía y el desmantelamiento del Estado de
Bienestar; que implicó la reducción de impuestos a los mayores contribuyentes, sea por la vía de la reducción
de tasas o por la concesión de excepciones tributarias selectivas, y la privatización general de activos estatales
(como la electricidad, el agua y el alcantarillado y las comunicaciones) y de servicios sociales (educación, salud
y la red social de seguridad);
3) El establecimiento de instituciones económicas para reforzar la participación predominante del sector privado
en la economía; que significó la organización de bancos centrales autónomos y fondos de jubilación privados,
y el establecimiento de mecanismos regulatorios para los servicios públicos, educación, salud y financiación
privatizados, orientados a la estabilidad del sistema y no a la promoción de la competencia en los mercados.
84 ESTADO DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE