El futuro de la economía española - Coag

LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Y LA CRISIS AGRARIA ESPAÑOLA / JAIME LAMO DE ESPINOSANo, no creo que la PAC del año 2014 y siguientes sea como la actual. Es más, no lodeseo, pienso que sería un grave error. Todo ha variado en pocos años y nos obliga a enfoquesnuevos: el cambio climático, los problemas de las emisiones de dióxido de carbono y de metano,la escasez del recurso hídrico que cada vez más se contempla como un recurso de naturalezapública global, planetaria, la positiva aportación del reino vegetal –leñosas, forestales, praderas,cultivos anuales, etc.» como sumideros de CO 2, la conservación del patrimonio natural, la remuneraciónde aquéllos que generan externalidades positivas –hoy no compensadas» al conservarsus bosques o sus recurso naturales… Todo obliga a replantear las bases de nuestro modelo. Yla UE deberá hacer una profunda reflexión que no creo sea leve o continuista sino profunda einnovadora.Y –ya como final» esa política, la que sea, deberá ser instrumentada a nivel nacional yautonómico. Y en ese doble frente cabe preguntarse: ¿Cabe una política agraria nacional entre laautonómica y la europea? Aparentemente no cabe, pues casi no existe. Sin embargo, la ConstituciónEspañola no sólo lo permite sino que, a mi juicio, lo exige. No debemos olvidar nunca queel art. 149.13 proclama como competencia exclusiva del Estado las «bases y coordinación de laplanificación general de la actividad económica», al igual que el art. 149.6 sobre la legislaciónmercantil. Y el art. 148.7 dice que las CCAA «podrán asumir» competencias sobre «la agriculturay la ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía».Es decir, las CCAA no pueden hacer cualquier cosa en materia de política agraria. Desdeluego no pueden romper la unidad de mercado… tan buscada por la propia UE, aunque desgraciadamentela unidad de mercado está ya rota con 17 leyes de caza, 13 leyes de cooperativasagrarias, estatutos que han roto la «unidad de cuenca», etiquetado obligado en lenguas «nacionalistas»que encarecen las cadenas productivas y hacen a las marcas menos competitivascuando la lengua española es la común y de obligado conocimiento, y un largísimo etcétera.Tampoco el Estado. Éste se encuentra obligado por las directivas y reglamentaciones comunitariasen materia de PAC, competencia, etc. Y las CCAA se encuentran obligadas –si asumencompetencias en sus estatutos– por las disposiciones que emanen del Gobierno central enmateria agraria «de acuerdo con la ordenación general de la economía».83El Gobierno español tendrá un papel relevante en el primer semestre del año próximo enla UE y le corresponde tomar ya una cierta iniciativa. También a las diferentes organizacionesprofesionales agrarias españolas o europeas. Todos deberían en un trabajo común, unidos entreellas, y participativo con las universidades, comenzar a preparar los papers que será necesarioenarbolar para encabezar y orientar los cambios en la dirección que interese a la agriculturaespañola y europea. De no hacerlo nos quedaremos atrás. Y no olvidemos que algunos países,con mucha fuerza en la UE, son absolutamente contrarios a cualquier clase de PAC.