Revista-USAC-No.-32

Carlos González Orellana: Un país incómodo
sangre que la memoria, matriz originaria
de la historia, haya sido relegada como un
obstáculo en las carreras de desarrollo empresarial.
Llora sangre que aun hoy en día,
las decisiones jurídicas de carácter penal
que pesan sobre los responsables de los vejámenes
acontecidos en el pasado, puedan
llegar a ser un motivo para polarizar a la
sociedad guatemalteca. ¿Por qué aún somos
capaces de dividirnos? No se trata de buscar
un culpable, un “enemigo interno”, alguien
a quien echarle las culpas. Se trata solo de
hacer justicia.
Conclusión
La petición ampliar la ley de amnistía sobre
los delitos de lesa humanidad es mucho
más seria de lo que aparenta. La consecuencia
evidente es la impunidad y la injusticia
social, que imposibilita la reconciliación.
Si quien comete la falta no está capacitado
para aceptarla como propia y hacerse
responsable de ella, no puede existir por
otro lado un perdón auténtico de la otra
parte. Sin embargo, y salvando esta trágica
consecuencia social, la petición atenta contra
la constitución del sistema de justicia.
Durante el conflicto armado, uno de los
elementos del gobierno fue la suplantación
de la acción judicial por medio de la instauración
de un sistema punitivo ilegal dirigido
por las estructuras de inteligencia militar
(informe de la CEH, conclusión 9).
El nuevo riesgo de mancillar el sistema
de justicia es la reinstauración de un recurso
manido del conflicto.
La principal incomodidad que las personas
conscientes tendrían que sentir de vivir
en este país es precisamente la circunstancia
del duelo inconcluso, ocasionado principalmente
por la ausencia de un sistema de justicia
eficaz.
Por eso, los dictámenes que las cortes
presenten contra los actores armados del
conflicto, que no estén amparados por la ley
de reconciliación nacional deben ser cuestionados
únicamente en el ámbito legal, y
no ideológico.
La dificultad de fundar un proyecto nacional
incluyente, participativo e igualitario
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