Revista-USAC-No.-32

Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica
comunicación para convencer a la población,
siempre apática ante temas de política,
a votar por el No en la consulta popular de
mayo de 1999.
Otro hecho sangriento evidenció la inconveniencia
de los acuerdos de paz para sectores
ocultos a los que no les convenía que
la verdad saliera a la luz: el asesinato del
obispo Juan Gerardi, quien dos días antes
de su deceso había presentado el informe
“Proyecto Interdiocesano de Recuperación
de la Memoria Histórica-Guatemala Nunca
más”, donde detallaba los horrores de la
guerra y las masacres, cometidas casi en su
totalidad por el ejército de Guatemala. A pesar
de eso, el 31 de julio de 1998 se logró
instalar la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico con el fin de dar a conocer con imparcialidad
la verdad de los hechos ocurridos
durante el conflicto armado.
Este escenario era necesario para que
el gobierno llevara a cabo su plan: la
privatización de los servicios públicos. Uno
de los casos más dramáticos es el de Ferrocarriles
de Guatemala –FEGUA–, que fue
concesionada en junio de 1997 a la empresa
norteamericana Railroad Development
Corporation –RDC–. El contrato, además
de inconstitucional, presentaba una serie
de anomalías, por lo que diez años después,
el presidente Berger declaró lesivo para
los intereses de la nación. Como reacción,
la empresa norteamericana inició una demanda
contra el Estado de Guatemala por
incumplimiento de contrato y expropiación
indebida.
Especial atención merece el caso de la
privatización de la Empresa Guatemalteca
de Comunicaciones –GUATEL– que fue
subastada y vendida a las empresas Luca,
S.A. y Telemex bajo procedimientos dudosos
que despertaron denuncias por parte de
diversos sectores, pero que al final, fueron
desestimadas por la Corte de Constitucionalidad
bajo el pretexto de que no existían
bases jurídicas para dar seguimiento a acciones
penales en contra de la actual Telgua,
S.A.
La energía eléctrica fue otro de los servicios
que fueron privatizados. Desde 1996
se había creado la Ley General de Electricidad,
con el fin de desmonopolizar el servicio
de la energía eléctrica, que había estado
a cargo del Instituto Nacional de Electrificación
–INDE–. En diciembre se hizo la venta
oficial de sus acciones y su adjudicación a
Unión Fenosa Desarrollo y Acción Exterior,
S.A. En 1998 comenzó la capitalización activa
de la Empresa Eléctrica de Guatemala
–EEGSA–, que fue vendida a un consorcio
español, portugués y norteamericano.
A partir del gobierno de Arzú, el proceso
electoral quedó convertido en un juego
de ping-pong, en el que el poder parecía
turnarse a uno y otro lado de un péndulo,
en cuyos extremos se encontraban partidos
con ideologías contrarias. Este fenómeno,
que se ha mantenido durante los primeros
quince años del nuevo siglo, solo demuestra
cómo el proceso electoral fue degradado a
la ley de demanda y oferta establecida por
el mercado, y denota la ignorancia de la mayoría
de la población, que otorgaba su voto
a una campaña publicitaria más que a un
plan de gobierno. El nuevo siglo inició con
la elección de Alfonso Portillo Cabrera, asesino
impune al que se le dio la absolución de
sus delitos en México, y Juan Francisco Reyes
López, quienes con un discurso populista
lograron convencer a la desencantada
población guatemalteca. Los nuevos gobernantes
representaban al Frente Republicano
Guatemalteco –FRG–, guiado desde atrás
por el genocida Efraín Ríos Montt, a quien
se le había prohibido participar en las elecciones.
Aunque Ríos Montt fue responsable
de muchas masacres y asesinatos durante el
conflicto armado, tenía una gran cantidad de
adeptos que lo idealizaban para resolver los
problemas de seguridad.
De acuerdo con José Antonio Móbil, el
gobierno del FRG se caracterizó por tres
líneas diferentes: la primera, liderada por
el presidente aliado con algunos militares,
quienes cometieron crímenes de peculados
y delitos contra la integridad de los derechos
humanos, entre ellos, muchas ejecuciones
extrajudiciales; la segunda, encabezada
por el vicepresidente, que se enfrentó
abiertamente ante el sector empresarial; y la
tercera, al mando de Ríos Montt, que hizo
lo posible por estancar los procesos legales
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