Revista-USAC-No.-32

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perpetuar un sistema de corrupción cuyos tentáculos, hoy más que nunca, se hacen visibles en la nación fallida y desfalcada que hemos heredado. La famosa llegada de la “era democrática” no quiere decir que la sucesión de gobiernos civiles de las últimas tres décadas hayan marcado, hasta el día de hoy, un cambio cualitativo hacia el camino de la democracia y el desarrollo del país ni que los “poderes ocultos” que han gobernado a Guatemala desde los albores de la nación hayan renunciado a la cuota de poder que los alimenta. Por el contrario, estos grupos 56
Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica han permanecido tras bambalinas cual hábiles titiriteros dirigiendo los destinos y reduciendo al mínimo las posibilidades de generar cambios estructurales en la sociedad, precisamente porque la conservación de este sistema de cosas es adecuado y compatible a sus propios intereses de clase. <strong>No</strong> es de extrañar que Guatemala, siendo la antigua capital de la Capitanía General, sea hoy el país más conservador del área y, por lo tanto, más reacio a los cambios. Pero el iluso “orgullo” de haber sido la capital del Reino tiene una explicación que va más allá de un rasgo identitario. Es un sentimiento que se viene construyendo porque precisamente perpetúa y legitima una serie de privilegios adquiridos por una clase dominante. Resulta claro, entonces, que en aras de proteger sus propios intereses, esta clase se convierta en el principal obstáculo para generar cambios coyunturales. De ahí que estos grupos, en su afán por monopolizar la riqueza y cohesionar su poder, desplieguen toda una serie de estrategias destinadas a cimentar su posición: educan a una creciente clase media bajo los principios del liberalismo; se valen de las iglesias para implementar a nivel masivo un falso sistema de valores morales que intentan con éxito dormir la conciencia crítica y demonizar todo aquello que represente una amenaza; despliegan recursos económicos para mantener en los tres poderes a personas que representen sus intereses, de manera que las leyes y el sistema de derecho no es más que la base jurídica que protege y garantiza sus utilidades; de ser necesario, recurren a la fuerza por medio de su policía privada, representada en el ejército, para imponer sus ideas y decisiones. Solo un sistema como tal, que además crea la ilusión de vivir bajo libertad, explica por qué en treinta años los gobiernos que han desfilado en la dirección del aparato estatal se mantienen en una amodorrada situación de estatismo, la cual pareciera que no promoverá cambios cualitativos durante muchos años más. De esto se puede deducir que una de las características que identifica a este conjunto de gobiernos es, más allá de su mediocridad, la incapacidad que tienen para generar un proyecto de desarrollo para la nación en todos los órdenes. Los gobiernos que han desfilado a lo largo de estas tres décadas constituyen una muestra de ese estancamiento en el que el país se ha quedado encharcado, y a menos que suceda un hecho extraordinario, estaremos condenados a una inamovilidad que perdurará hasta el desgaste. En lugar de ello, los regímenes “democráticos” solo han conseguido convertirse en una última radiografía del estado canceroso de nuestra sociedad, que ha pasado por un largo período de deterioro determinado por las relaciones de poder con hondas raíces coloniales. Los gobiernos de turno tan solo han sido agentes perpetuadores de ese sistema de desigualdades y ninguno ha reunido el suficiente coraje para tratar de fondo los problemas que en realidad carcomen el tejido social. Por el contrario, se han convertido en posiciones estratégicas para ascender a costa de la rapiña; y a su vez, han sido propiciadores de un sistema de corrupción que corroe las entrañas mismas de la constitucionalidad y convierten la política en un mercado de influencias. La exposición de hechos históricos demuestra la inercia de estos gobiernos civiles y su impotencia para convertirse en agentes de cambio, pero también apoya la tesis de que esta situación se mantendrá a menos que surja una nueva estirpe política que se desligue de los actuales grupos de poder, lo cual, en el contexto que hoy vivimos, es una quimera, pues son estos grupos de poder quienes dirigen el mercado político y establecen las condiciones necesarias para asirse de la administración pública. Hoy es imposible pensar que una agrupación política pueda subsistir sin asociarse a estos “peces mayores” que patrocinan en función de sus propias expectativas. La administración de Óscar Mejía Víctores pretendió ser la transición entre una gobierno militar a otro civil, y a su vez, sentar las bases de una naciente democracia que hiciera superar las dictaduras de terror que se habían vivido bajo los gobiernos militares desde la época de Carlos Castillo Armas. Para ello convocó a elecciones generales en 1985, en la que salió victorioso para la silla 57
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