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Revista-USAC-No.-32

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Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica<br />

blicos del municipio. Ante esta situación,<br />

intervino el gobierno con un estado de sitio,<br />

en mayo de 2012, pero la reacción de rechazo<br />

de muchos sectores, hizo que se depusiera<br />

esta medida.<br />

Otros hechos negativos de la administración<br />

de Otto Pérez fueron el cierre de<br />

los Archivos de la Paz, pues, según él, su<br />

existencia no tenía justificación en un país<br />

donde quedaba descartada la existencia de<br />

genocidio.<br />

En realidad, el cierre de esta entidad era<br />

conveniente para el gobierno, de corte militarista,<br />

pues una de las funciones de esta<br />

entidad era, precisamente, mostrar y documentar<br />

los horrores cometidos principalmente<br />

por el ejército durante el conflicto<br />

armado. Durante este gobierno se lleva a<br />

cabo el llamado juicio del siglo. Por primera<br />

vez es llevado a juicio a Efraín Ríos<br />

Montt, debido a las masacres ocurridas en el<br />

Triángulo Ixil durante la época más violenta<br />

del conflicto armado, hecho que provocó<br />

encontradas opiniones entre la población.<br />

Por un lado, una gran clase media, asentada<br />

en las áreas urbanas y manipuladas por<br />

los grupos de poder, negaban la existencia<br />

del genocidio. Por aparte, un creciente grupo<br />

de ciudadanos afirmaba la existencia de<br />

genocidio y pedía justicia ante los hechos<br />

atroces. Aunque en el juicio fue reconocido<br />

el acto de genocidio, dando una sentencia de<br />

80 años de cárcel al dictador por crímenes<br />

de lesa humanidad, la manipulación de grupos<br />

de poder ante la opinión pública trajo<br />

una apelación a la Corte de Constitucionalidad,<br />

la que anuló la resolución, alegando<br />

errores de procedimiento, y dejó pendiente<br />

el desarrollo del juicio.<br />

Este espectáculo causó decepción entre<br />

algunos sectores y evidenció una vez más la<br />

corrupción en diversas entidades del sistema<br />

jurídico nacional, lo que llevó a la necesidad<br />

de reflexionar sobre una “limpieza” de<br />

toda la casta política actual, que hacen funcionar<br />

las instituciones para la protección de<br />

sus propios intereses.<br />

Motivo de conflicto también fue la supresión<br />

de la carrera magisterial a nivel medio,<br />

tomada por la Ministra de Educación,<br />

Cinthia del Águila. Esta medida, que se venía<br />

desarrollando desde la gestión de María<br />

del Carmen Aceña, no fue más que una táctica<br />

para hacer desaparecer la carrera de magisterio<br />

que obedece a una estrategia y plan<br />

general de corte neoliberal y privatizador<br />

de la educación. Ante estos hechos, el sector<br />

estudiantil tuvo fuertes enfrentamientos<br />

ante las autoridades educativas.<br />

Sin embargo y con evidentes errores, el<br />

plan a nivel superior de la carrera del magisterio<br />

se echó a andar, constituyendo una<br />

seria amenaza para la educación pública.<br />

Para el último año de su gobierno, el PP<br />

había perdido demasiada credibilidad ante<br />

la opinión pública. La ostentación de riqueza<br />

de la que los gobernantes hicieron alarde<br />

–principalmente la Roxana Baldetti−, el<br />

abuso de poder, el nepotismo y la ambición<br />

voraz que los había embriagado se hizo evidente.<br />

Para toda la sociedad fue claro que la<br />

intención de este gobierno fue el enriquecimiento<br />

personal, usando medios ilícitos. Un<br />

secreto a voces que ha caracterizado a todos<br />

los gobiernos de turno de los últimos treinta<br />

años y que terminó de ser confirmado por<br />

la investigación realizada por la CICIG, al<br />

desmantelar las bandas de negocios ilegales<br />

que se habían llevado a cabo en el seno<br />

mismo de la institucionalidad. De la noche<br />

a la mañana salieron a luz malversación de<br />

fondos y desfalcos millonarios en diversas<br />

entidades, como la Superintendencia de Administración<br />

Tributaria −SAT− (caso La Línea),<br />

el IGGS y el Caso de Redes.<br />

A estas organizaciones clandestinas pertenecían<br />

personalidades de la vida pública,<br />

que fueron perseguidas y puestas tras las<br />

rejas, aunque muchas de ellas fueron liberadas<br />

por medidas sustitutivas. Desde mayo<br />

de 2015 la ciudadanía y diversos sectores<br />

comenzaron a darse cita en manifestaciones<br />

pacíficas, convocadas en las redes sociales,<br />

pidiendo la renuncia y la pérdida de inmunidad<br />

de la vicepresidenta y el presidente.<br />

Hoy, se encuentran en prisión esperando<br />

juicio. Sin embargo, se presupone que esta<br />

jornada de marchas estuvo manipulada por<br />

grupos de poder, quienes, al verse afectados<br />

ante esta estructura corrupta, movieron sus<br />

influencias hasta hacer caer al gobierno.<br />

Además, en estas manifestaciones se criticó<br />

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