Revista-USAC-No.-32

Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica
puesto que esta medida era apoyada por el
gobierno de Estados Unidos, los grupos de
poder aprovechaban la primera oportunidad
para desprestigiar la imagen del gobierno, al
mismo tiempo que engavetaban y dilataban
el proceso legal para que la reforma fiscal se
cristalizara.
Álvaro Colom fue percibido como un
gobernante débil. Conforme su esposa, la
exmilitante Sandra Torres, se hacía más popular
al frente del programa “Mi Familia
Progresa”, ganaba poder, a tal punto que se
llegó a afirmar que era ella quien en realidad
dirigía las riendas de la administración pública.
Esta sensación se acentuaba no solo
por el éxito de sus programas, que cada año
fueron ampliando su cobertura, sino por la
habilidad política de la Primera Dama.
En 2009, el gobierno de Colom estuvo
a punto de perder la silla del Ejecutivo. El
abogado Rodrigo Rosemberg había sido
asesinado en una zona residencial de la capital.
Al día siguiente, se encontró un video
grabado por él donde responsabilizaba de su
muerte al mismo presidente, en confabulación
de su esposa y su secretario privado.
Este escándalo causó revuelo en la sociedad
guatemalteca, el cual fue aprovechado
por diferentes grupos de la oligarquía para
iniciar una campaña de desprestigio e, incluso,
manipular a otros sectores de la población
para exigirle su renuncia. Ante estos
hechos, intervino la recién establecida Comisión
Internacional Contra la Impunidad
en Guatemala –CICIG–, que luego de investigar,
determinó que la muerte de Rosemberg
había sido un suicidio planeado con
la intención, quizá, de crear un complot.
Durante el gobierno de Colom tampoco
fue posible crear una reforma agraria ni solucionar
el problema de la tenencia de las
tierras, y al final de su período, con casi 15
años de haberse cumplido la firma de la paz,
el país seguía estando en las mismas o en
peores condiciones de la época del conflicto
armado. Los niveles de desnutrición, inseguridad,
delincuencia, analfabetismo, desigualdad,
pobreza eran alarmantes. Además,
la mayoría de las metas de la Comisión del
Esclarecimiento Histórico –CEH– no se habían
alcanzado. El último año de gobierno
de Colom fue el más violento de todos, pues
no solo aumentó el índice de criminalidad,
sino que muchas comunidades, principalmente
en el valle del Polochic y en el municipio
de Panzós, fueron desalojadas de
manera violenta, tanto por la policía como
por militares y campesinos contratados por
el ingenio Chabil Utzaj. Hubo desapariciones,
linchamientos y asesinatos, tanto de
hombres, mujeres y niños. Aunque muchos
de estos ataques iban en contra de invasores,
la mayoría eran comunidades despojadas
que mantenían sus tierras gracias a las
cooperativas.
En el siguiente período de elecciones la
silla del ejecutivo fue ganada en segunda
vuelta por el Partido Patriota –PP–, cuyos
candidatos eran el militar retirado Otto Pérez
Molina y su compañera, Roxana Baldetti,
primera vicepresidenta del país. Muy de
cerca estuvo el candidato de la oposición
y representante del partido Líder, Manuel
Baldizón, de ganarle las elecciones. Pérez
Molina ganó gracias al ofrecimiento de
“mano dura” –como rezaba su eslogan–,
ante un pueblo que se encontraba desesperado
por la violencia y la inseguridad que
se respiraba. El clamor popular hacia este
líder era un deseo profundo por parte de la
ciudadanía de regresar a la época opresiva
de un dictador capaz de poder ponerle orden
a la casa.
Una de las primeras medidas, con carácter
de urgencia nacional, fue la realización
de una reforma tributaria que afectaría,
principalmente, a la clase trabajadora.
Así, en enero de 2012, fue aprobada la Ley
Antievasión II, que incluía cambios a diversos
impuestos, con el fin de combatir la
defraudación fiscal. La justificación, en su
momento, fue la necesidad de obtener una
recaudación más efectiva que permitiera
saldar la deuda pública. Sin embargo, hacia
el final del período, salió a la luz pública los
negocios sucios que los dirigentes realizaron
a través de esta entidad.
Mientras se llevaba a cabo esta reforma
fiscal, el gobierno de Otto Pérez presentó
ante los países de América una iniciativa
para despenalizar las drogas, la cual fue rechazada
por el gobierno de Estados Unidos
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