Revista-USAC-No.-32

Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica
y no tuvo eco en la Cumbre de las Américas,
celebrada en Cartagena. Se dice que la propuesta
fue uno de tantos distractores para
minimizar las negociaciones turbias del
patrimonio del Estado con inversionistas
extranjeros. Uno de los aspectos acaso más
preocupantes sobre el gobierno de Otto Pérez
fue su plan de militarización, con el objetivo
de garantizar la seguridad nacional.
El presidente estableció seis fuerzas de tarea
militar que solo se reduciría hasta que
la Policía Nacional Civil incorporara entre
sus filas a 40 mil efectivos. Lo cierto es que
estas medidas, más que reducir los índices
de violencia e inseguridad en el país, fueron
utilizadas para proteger los intereses de empresas
extractivas extranjeras. De ahí que,
durante este período, continuase la criminalización
hacia las protestas campesinas por
la actividad minera, la represión violenta
de muchos de los líderes comunitarios y la
política de desalojos. A las empresas extranjeras
no les interesaba el impacto ambiental
de esta actividad y tampoco les importaba
tomar en cuenta la opinión de las comunidades
afectadas.
En este sentido, el Estado actuó como
cómplice al acordar recibir Q800 millones
anuales en regalías. El mejor ejemplo de
esta represión pudo observarse en la población
de Santa Cruz Barillas, municipio
de Huehuetenango. La empresa española
Hidro Santa Cruz había recibido el permiso
del gobierno para la instalación de una
hidroeléctrica en el río Cambalán. Ya antes,
la comunidad había mostrado su desacuerdo
ante esta iniciativa, pero con la llegada
del nuevo gobierno, en 2012, la empresa
comenzó a tomar diversas medidas para iniciar
sus actividades, entre ellas, la compra
de terrenos, el ingreso de maquinaria y la
desecación de algunas fuentes de agua. Las
organizaciones comunitarias no tardaron en
reaccionar ante estas medidas.
El departamento de seguridad de esta
empresa comenzó a llevar a cabo actos delictivos,
entre ellos, el asesinato de algunos
líderes comunitarios, lo que provocó una
fuerte respuesta por parte de los campesinos,
quienes iniciaron una serie de medidas,
como la destrucción de varios edificios público
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