Revista-USAC-No.-32

Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica
ante los crímenes cometidos durante el conflicto
armado. Esta última tendencia marca
uno de los aspectos más contradictorios de
este período presidencial, que, por un lado,
había prometido continuar con el cumplimiento
de los acuerdos de paz; pero, al mismo
tiempo, era dirigido desde la oscuridad
por uno de los principales responsables en
los asesinatos contra la humanidad cometidos
durante la guerra civil. Uno de los signos
distintivos del gobierno de Portillo fue
su oposición al sector empresarial. El CA-
CIF y la cúpula oligarca reunieron a otros
sectores de la sociedad civil en torno al Foro
Guatemala, cuyo objetivo era tratar temas y
problemas de interés nacional. Sin embargo,
el sector empresarial tenía una agenda
oculta que iba encaminada a quitarle poder
al gobierno del FRG, que había ignorado la
propuesta de un pacto fiscal que garantizaría
una mayor recaudación tributaria para
cumplir con las metas del acuerdo de paz
relativo a los aspectos socioeconómicos y
a la situación agraria que se había firmado
en México en 1996. El gobierno presentó
varias contrapropuestas, que incluían una
mayor carga tributaria para el sector empresarial
y la persecución de delitos fiscales.
Estas diferencias llevaron a los empresarios
a organizar un paro nacional y pusieron en
peligro la estabilidad del país.
En el mismo afán de contradecir y condenar
al gobierno anterior, que era de corte
oligárquico y empresarial, Portillo ofreció
hacer una revisión de la venta de Telgua,
para lo cual creó una comisión que determinó
la inconstitucionalidad, ilegalidad y
lesividad de esta transacción. Sin embargo,
sus efectos no fueron retroactivos. Aunque
Portillo atacó directamente a la oligarquía,
un aspecto notable en su administración fue
la corrupción, de modo que, al finalizar su
período, las arcas del Estado quedaron casi
en quiebra. La intención de este gobierno no
era el desarrollo de los sectores populares,
sino más bien configurarse como una nueva
oligarquía que desplazara a la clase empresarial.
Así como la mayoría de desfalcos
fueron de dominio público, así fueron quedando
impunes o se castigaron con medidas
que no eran proporcionales a la gravedad de
64