Revista-USAC-No.-32

Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica
los delitos. Muy conocido fue el caso de
los 80 millones de quetzales sustraídos del
Ministerio de Gobernación, por el ministro
Byron Barrientos. Hasta el mismo Portillo,
luego de su mandato, guardó prisión por
haber hurtado 120 millones de quetzales
del ejército, sin contar los 500 mil dólares
obtenidos de una donación por parte del
gobierno de Taiwán. Otros casos fueron el
desfalco del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social –IGSS– de 350 millones de
quetzales, donde estuvieron involucrados
diputados y el mismo gerente de la entidad.
Un último hecho, sucedido casi a finales
del gobierno, merece mención: el famoso
jueves negro, donde murió un periodista de
los medios radiofónicos. El partido oficial,
liderado por Ríos Montt, organizó a diferentes
sectores populares para una manifestación
frente a los Tribunales de Justicia, con
el objetivo de mostrar su inconformismo
ante la decisión de no dejar participar al genocida
en la siguiente contienda electoral.
En realidad, el FRG quería asegurarse del
poder con un fuerte apoyo popular. Sin embargo,
no consiguió su inscripción y tampoco
lograron ganar las siguientes elecciones,
dado el descrédito que había ganado su partido.
Las elecciones fueron ganadas por su
opositor Óscar Berger Perdomo, del partido
Gran Alianza Nacional –GANA–. Aunque
Berger representaba una posición derechista
moderada, ser uno de los miembros más
prominentes de la oligarquía predecía la
dirección que su plan de gobierno tomaría:
de corte neoliberal dispuesto a proteger los
intereses de los empresarios, oligarcas y terratenientes,
y que, además, deseaba llevar a
la práctica medidas para globalizar los productos
agropecuarios. Aunque ofrecía hacer
profundas reformas constitucionales para el
bienestar social, fue uno de los gobiernos
más represivos. Además, su plan le daba continuidad
al proceso de privatización iniciado
por Arzú, principalmente en el sector de
la educación, provocando enfrentamientos
entre la ministra de esa cartera, María del
Carmen Aceña, y el Magisterio Nacional.
Con la administración de Portillo se había
firmado el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana –TLC-CARD– lo que
abría grandes posibilidades para que el sector
empresarial y los terratenientes pudieran
incursar de manera más agresiva en el mercado
internacional y sus productos se hicieran
más competentes. En 2007 comenzó
negociaciones para firmar tratados de libre
comercio con otros países, como México,
Canadá, la Unión Europea y algunos países
de América del Sur. Como buen empresario,
le interesaba propiciar un clima adecuado
para generar nuevas negociaciones y atraer
la inversión extranjera. Durante su administración
las exportaciones tuvieron una notable
alza y, según un informe de la Comisión
Económica para América Latina –CEPAL–,
el Producto Interno Bruto –PIB– creció un
5.6% para el final de su gobierno. Sin embargo,
a medida de que el país recibía más
ingresos, las desigualdades se hacían cada
vez mayores. La riqueza generada iba a parar
a los bolsillos de los empresarios y latifundistas,
mientras que el resto de la población
no gozaba del mismo desarrollo. Una
característica de la administración de Berger
fue su política de represión, que se vio
traducida en desalojo, expropiación de tierras,
criminalización de las protestas campesinas
y asesinatos de líderes campesinos
y sindicales. Algunos desalojos violentos se
llevaron a cabo en enero de 2004, en las fincas
Nueva Linda, Chitocan, Santa Inés, Sayachut,
Trece Aguas y María Linda. Estos
hechos llevaron a la Coordinadora Nacional
de Organizaciones Campesinas –CNOC–,
apoyados por el Comité de Unidad Campesina
–CUC– y Plataforma Agraria, a realizar
un paro nacional el 8 de junio de 2004, en
demanda del cumplimiento de los acuerdos
de paz relativos a los problemas de desarrollo
agrario. Algunas instituciones, como el
Observatorio del Gasto Social y el Fondo
de Tierras –FONTIERRAS– hicieron ver
la necesidad de plantear soluciones al problema
de la tenencia de la tierra, una de las
principales causas de la conflictividad social
guatemalteca. El mismo Berger había
permitido el abuso en tierras campesinas en
la región del Polochic, para beneficiar a las
empresas agroindustriales que se dedicaban
al cultivo de caña de azúcar y palma africa-
65