Revista-USAC-No.-32

Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica
na, una de las cuales pertenecía a su misma
familia. Y aunque la Política Agropecuaria
del Gobierno de Berger 2004-2007 incluía
programas de seguridad alimentaria, acceso
a tierras y créditos a pequeños y medianos
productores, nunca fueron llevados a cabo.
Otro aspecto notable que ilustra el abuso
de las autoridades, esta vez, con el objetivo
de favorecer a empresas extranjeras, fue el
caso de la minería. En el gobierno de Berger
se extendió una licencia para que la empresa
Montana Exploradora de Guatemala
explotara metales en la mina Marlin, en San
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos,
para lo cual recibió un financiamiento por
parte del Banco Mundial de 45 millones de
dólares. A pesar de que la empresa estaría
exonerada de pagar impuestos los primeros
dos años de actividades, generando apenas
una ganancia del 1% para el Estado, Montana
Exploradora no realizó un estudio de impacto
ambiental ni la consulta obligatoria a
las diversas comunidades indígenas afectadas,
violando el Convenio 169, asumido en
1989 por la Organización Internacional de
Trabajo –OIT–. El Colectivo Madre Selva,
Cáritas, la Pastoral Arquidiocesana y el Colectivo
de Organizaciones Sociales en San
Marcos –COSAM– denunciaron los problemas
de salud de la población, contaminación
del agua, deforestación y las consecuencias
que la actividad minera traía a la actividad
agrícola de las comunidades. Estos hechos
no tardaron en desembocar, en enero de
2005, en conflictos y enfrentamientos entre
policías, militares y campesinos, quienes no
dejaron ingresar maquinaria destinada a la
mina. Berger también fue señalado por cometer
abusos y violaciones a los derechos
humanos. Bajo su régimen se acrecentaron
los problemas de seguridad pública nacional,
aumentó el sicariato y el narcotráfico
y se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales
en las cárceles, sucesos en los cuales
estuvieron implicados Carlos Vielman, ex
Ministro de Gobernación; Alejandro Giammattei,
ex Director del Sistema Penitenciario;
Erwin Sperissen, ex Director de investigaciones
criminalísticas; Javier Figueroa,
subdirector de investigaciones criminalísticas
de la PNC; y el ex Funcionario Policíaco
Víctor Soto. A esto se debe agregar la ejecución
de tres diputados salvadoreños del
PARLACEN y la masacre de campesinos
de Colotenango, en Huehuetenango.
El siguiente período de elecciones se
caracterizó por la violencia y la eliminación
casi sistemática de muchos candidatos a las
alcaldías o a los curules del Congreso. Para
el período presidencial 2008-2011 quedaron
electos para la presidencia y la vicepresidencia
los candidatos de la Unidad Nacional
de la Esperanza –UNE–, Álvaro Colom
Caballero y Rafael Espada, quienes habían
obtenido un segundo lugar en las elecciones
anteriores. Esta tendencia solo expresa
la desinformación y falta de criterio de la
ciudadanía, fácilmente influenciable por
campañas publicitarias y demagogia barata,
aunado a una actitud de indiferencia hacia
la participación política y para informarse
de los programas de gobierno de la oferta
electoral. De un deber cívico, entonces, el
proceso de elecciones se fue convirtiendo
en un mercado, tras del cual había oscuros
financistas que querían asegurar su propia
cuota de poder. Precisamente fue esto lo que
le sucedió a Colom, con orientación política
de centroderecha, cuya campaña estuvo enfocada
en reformas populares que asustaron
a los miembros de la oligarquía.
Lo contradictorio, sin embargo, es que al
aceptar dinero de sus financistas poderosos,
se vio obligado a proteger los intereses de
estos grupos, lo que redujo el impacto de su
plan de gobierno. Como sus antecesores, su
administración no tardó en caer en el fango
de la corrupción, la malversación de fondos,
el clientelismo y la impunidad.
El gobierno de Colom heredó del gobierno
anterior una deuda pública de Q2,500
millones y un Estado a punto de colapsar.
A esta situación se le debe adicionar las dos
crisis económicas internacionales, cuyos
efectos se manifestaron en nuestra economía
dependiente, principalmente de Estados
Unidos. El alza en los precios del petróleo
provocó que muchos productos de la canasta
básica subieran y aumentó los niveles de
inflación. Ante esta situación, era imperante
implementar una reforma tributaria. Aunque
la oposición de la oligarquía fue moderada,
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