Revista-USAC-No.-32

Leo de Soulas: Treinta años de una democracia quimérica
por dirigentes del sector empresarial para
velar por los intereses de ese mismo grupo.
Arzú manejó el discurso de modernización
del Estado y de promover el desarrollo
de la nación, pero en realidad el progreso,
como era de esperarse, solo llegó para la
economía empresarial, que comenzó a experimentar
un repunte en sus actividades,
mientras las desigualdades se hacían mayores.
De hecho, son innegables los avances
de este gobierno en materia económica. No
obstante, este desarrollo nunca redundó en
beneficio de la población.
Para llevar a cabo su ambicioso plan de
gobierno, Arzú tenía que crear las condiciones
necesarias, por lo que el aceleramiento
de las negociaciones por la paz se convirtió
en una de sus prioridades, lo que explica por
qué antes de que terminara el primer año de
su gobierno la firma de la paz se cristalizó.
El 29 de diciembre de 1996 se llevó a
cabo este espectáculo diplomático, montado
por un pequeño grupo de políticos que
tranzaron con los líderes guerrilleros para
quedar bien ante la mirada internacional. Ni
los sectores conservadores ni la guerrilla estaban
completamente convencidos. Los primeros,
porque no aceptaban la legitimidad
de negociar con la URNG; y los segundos,
porque acusaban a sus líderes de comprometer
los principios revolucionarios. Los
acuerdos de paz implicaban compromisos
a corto y mediano plazo que, hasta el día
de hoy, no se han cumplido. Además, incluían
reformas constitucionales inmediatas
que no eran convenientes para los sectores
conservadores y poderosos, puesto que implicaban
el reconocimiento de los hechos
acontecidos durante esa etapa, el examen
de los problemas estructurales de la sociedad
y la disposición a realizar reformas que
propiciaran el desarrollo de las clases menos
privilegiadas. No tardó en desmontarse
la parodia desde el inicio del proceso de
reforma. Aunque se admitieron propuestas
de muchos sectores populares, el Congreso
organizó, en 1998, una Comisión Multipartidaria
en la que se revisaron y aprobaron,
casi de manera secreta, todas las iniciativas
de ley, para luego someterla a una consulta
popular. Estas propuestas, que apuntaron a
desbaratar el sistema que había imperado
desde la época colonial, despertaron temores
entre los terratenientes, las iglesias católicas
y evangélicas, organizaciones como la
Liga Pro-Patria, el Centro de Defensa de la
Constitución –CEDECON– y la Asociación
de Dignatarios de la Nación, entre otros, que
pusieron a su disposición todos los medios
que estaban a su alcance, incluyendo los de
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