milan kundera - Prisa Revistas

les. Lo primero se concreta en la pertenencia
a la UE; lo segundo, en lo que
usualmente se llama globalización.
Otras, en cambio, derivan de necesidades
intrínsecas de la economía española.
Veamos las primeras. No es necesario,
a estas alturas, dar muchas razones
para algo que es de sobra conocido. En
la Unión Europea, en la medida en que
ha progresado la desaparición de toda
suerte de barreras a la unidad económica,
los Estados miembros han perdido libertad
efectiva de elección tributaria. En
algún caso (notoriamente, el IVA, con
carácter vinculante) ha habido una formal
pérdida (o puesta en común) de soberanía
fiscal de los Estados miembros;
también en materia fiscal correspondiente
a relaciones entre sociedades matrices
y filiales y a fusiones y absorciones.
Pero es que, en lo demás, aunque la
armonización fiscal ha progresado poco,
los Estados se han visto forzados a aproximar,
a la baja, las tributaciones por
impuesto de sociedades y por el de la
renta de las personas físicas; convergencia
efectiva, que se aprecia desde hace
más de 10 años, en tipos y estructuras
tributarias, como, a principios de los noventa,
ya hizo ver el Informe Rudig. Y es
que la lógica de la libertad económica,
aplicada sin restricciones a factores (especialmente
el capital mobiliario) y productos,
conduce inexorablemente a este
tipo de soluciones, que hagan compatibles
las necesidades recaudatorias de los
Estados y las imperiosidades de la competencia.
Los capitales se van de allí
donde la tributación sea pesada, hacia
cielos más benignos; y así quedan afectados
el impuesto de sociedades y el de la
renta. Pero no sólo los capitales mobiliarios
sino todos los demás, incluido el
factor trabajo, salvo que las “compensaciones”
del gasto público sean claramente
“compensadoras” de altos tipos en algunos
países dentro de la UE.
España, en ese mismo periodo, elevó
su imposición por IRPF de una manera
tan silenciosa como implacable; pero,
como hemos visto, no ha sido insensible
a las servidumbres fiscales impuestas por
la libertad de movimiento de capitales, a
través, esencialmente, del tratamiento de
los Fondos de Inversión Mobiliario
(FIM) y otras formas de inversión colectiva.
De este modo se ha creado la realidad,
un poco monstruosa, de un impuesto
que presume de fuerte progresividad
y tipos elevados…, pero para una
parte de la renta, en esencia los rendimientos
del trabajo. Se han tomado tam-
Nº 82 n CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
bién otras medidas “estructurales” que
afectan al gravamen de las rentas de capital,
como las que han procurado paliar
la “doble imposición económica” de los
beneficios de las sociedades y los dividendos,
y otras sobre retenciones a no
residentes. Por no hablar de otras con
otros efectos, como la reducción de tramos
en la tarifa progresiva y la exoneración,
o tratamiento más beneficioso fiscalmente,
de los incrementos patrimoniales
4 . De este modo, no sólo por
razones de equidad, a las que nos hemos
referido antes, sino para evitar las distorsiones
en la localización de capitales y
otros factores, se impone la acomodación
del impuesto sobre la renta a “lo
que se está haciendo por ahí fuera”. Y ésta
es una de las poderosas razones para la
reforma profunda.
6. Razones económicas. El ahorro
La incentivación del ahorro es otro de
los motivos para la reforma. Me detendré
poco en este extremo. El ahorro está
incentivado, en nuestra situación tributaria
actual, en cuanto fuente de renta
gravada, aunque no de una manera homogénea,
sino a través de ciertas formas
de ahorro. También está, dado el contexto
general, incentivado el ahorro que
proviene de las rentas del capital. En
cambio, y salvo lo que corresponde a los
planes de pensiones, con sus limitaciones,
la formación de ahorro procedente
de las rentas del trabajo está discrimina-
4 Con tratamiento de total o parcial exoneración
fiscal en la mayoría de los países de la UE. Según
un informe de la Comisión de las Comunidades
Europeas, de 22 de octubre de 1996, “entre
1980 y 1994, el promedio comunitario del tipo
tributario implícito aplicado al trabajo por cuenta
ajena aumentó de forma constante del 34,7% al
40,5%. Este mismo indicador referido a otros factores
de producción (capital, trabajo por cuenta
propia, energía, recursos naturales) disminuyó del
44,1% al 35,2%...”.
Y para detener la ruinosa competencia a la baja,
el Consejo Ecofin de 2 de diciembre de 1997 ha
aprobado que la Comisión presente una propuesta
de directiva sobre fiscalidad del ahorro con el fin
de garantizar un mínimo de imposición efectiva de
las rentas del ahorro dentro de la Comunidad, y
para evitar distorsiones perjudiciales de la competencia.
También ha aprobado un código de conducta
sobre la fiscalidad de las empresas que se refiere
a las medidas fiscales que pueden influir de
manera significativa en la radicación de la actividad
empresarial dentro de la comunidad.
Los órganos comunitarios expresan de una
manera u otra su preocupación por el descenso de
tributación de las rentas de capital, no sólo por razones
recaudatorias de los Estados miembros, obligados
a situaciones próximas al equilibrio presupuestario,
sino porque no tiene mucho sentido una
tributación relativa mayor de las rentas de trabajo
en situación alarmante de desempleo.
JAIME GARCÍA AÑOVEROS
da negativamente; y precisamente porque
la tarifa progresiva en todo su esplendor
opera esencialmente sobre rentas
del trabajo, altas o bajas. En este aspecto
haría falta más homogeneidad,
menos discriminación del ahorro por
sus fuentes y por su materialización, y,
además, quizá un estímulo adicional para
aumentar la cuota de ahorro (de formación
bruta de capital) de nuestra economía.
Esta segunda parte es más dudosa; y
no me refiero con ello al incremento del
porcentaje del PIB que se destina a la
formación bruta de capital, sino a la idoneidad
de la utilización de un incentivo
fiscal del ahorro frente al consumo. No
sé si, en condiciones de tratamiento fiscal
no discriminatorio (neutral) de las
distintas fuentes y formas de ahorro, y
con una tarifa de tipos más moderados
que los que tiene la presente, sería necesario
un incentivo fiscal adicional. Porque
la economía española ha mostrado
en los últimos cinco años un aumento
de la propensión al ahorro voluntario
muy notable y casi espectacular; pero
por las motivaciones básicas que determinan
en las personas la posposición del
consumo presente, a causa de incertidumbres
surgidas respecto al sistema público
de pensiones para los futuros, y
aun muy futuros, pensionistas, y respecto
a la seguridad de la principal fuente
de renta para la mayoría de la población,
individualmente considerada: el trabajo
dependiente.
Aquí se pueden seguir distintos caminos
según lo que se quiera lograr. Pero no
hay que olvidar que se puede establecer
algún mecanismo que implique disminución
recaudatoria y que no produzca ninguna
suerte de “discriminación positiva”,
porque la gente haga lo que de todos modos
hubiera hecho en ausencia de la medida
fiscal favorable; situación no tan rara
con algunos “incentivos” fiscales que
son, desde luego, beneficios fiscales, pero
que de incentivos no tienen nada, pues
nada cambian 5 .
5 El anteproyecto no incluye medidas de incentivo
del ahorro genérico, lo que se consigue, obviamente,
por la reducción de la tarifa. Sí incluye
medidas de incentivo del ahorro en cuanto se materializan
en determinados instrumentos de inversión
(planes de pensiones) o a través del trato beneficioso
de las rentas procedentes de otros instrumentos
(fondos de inversión, por ejemplo). En tal sentido,
las modificaciones introducidas sobre la regulación
actual son más bien de detalle, con alguna excepción,
como los seguros de vida, que son tratados
con más “dureza” que en la legislación vigente.
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