milan kundera - Prisa Revistas

la equidad, que en materia tributaria radica
en el mentado trinomio, según la Constitución.
Demagogia y sentimentalismo
que se emplean a fondo para desviar la
carga tributaria hacia otros grupos sociales.
De todos modos, al tratarse de exenciones
de una carga, ni siquiera los perjudicados,
que son todos los no exentos,
suelen reaccionar en contra, pues existe
una especie de pacto social implícito de
resistencia a la carga del tributo según el
cual las exenciones producen, en muchos
casos, más admiración que rechazo por
estos mismos perjudicados: bendito el
que escapa de las garras tributarias, por lo
que no suelen originar rechazo político. Y
es que este impuesto ha de ser “general”,
en el sentido de que no debe dejar porciones
de renta, o personas, fuera de su ámbito.
En este impuesto global, personal y
progresivo las desviaciones de estas pautas
de generalidad-capacidad-igualdad producen
un resultado fácilmente inicuo.
8. Otras vulneraciones
del principio de capacidad
En la actual regulación del impuesto hay
otras vulneraciones del principio de capacidad,
o mejor de la capacidad-igualdad,
que requieren una modificación urgente
en aras de la equidad. Entre ellas, algunas
referentes al tratamiento tributario de la
familia como unidad de consumo, en las
que confluyen rentas variadas por su naturaleza
y su origen personal. Parece que
el principio de tributación individual, y
no familiar, que el Tribunal Constitucional
(TC) remachó de manera tajante, no
puede tener más consecuencia que alguna
forma de splitting para tratar las rentas
familiares; lo contrario supone la introducción
de factores de desigualdad tributaria
y distorsiones familiares de origen
fiscal. Pero aquí quiero referirme al tratamiento,
dentro del sistema actual, de las
rentas del trabajo que se generan en la sociedad
de gananciales.
La ley vigente del IRPF se acomodó a
las prescripciones de la Sentencia del TC,
que estableció la inconstitucionalidad de
la acumulación forzosa de rentas; pero lo
hizo de una manera incongruente, aunque
en defensa de un interés recaudatorio
burdo, disfrazado además con un discurso
que le asignaba la más alquitarada justicia
tributaria. Al establecer la tributación
individual de los cónyuges, fijó el
criterio de que las rentas del trabajo eran
JAIME GARCÍA AÑOVEROS
imputables al cónyuge que las generaba;
no sucede lo mismo por cierto, para mayor
escarnio, con las rentas del capital,
que se atribuyen a cada cónyuge, más o
menos, en consonancia con el principio
de capacidad económica. Pero es que las
rentas del trabajo de un cónyuge, en el
sistema de gananciales, están generadas
por ese cónyuge, pero no pertenecen a él
sino a eso que se llama la sociedad legal
de gananciales, figura comunitaria en que
tanto monta un cónyuge como el otro,
sea cual sea el trabajador generador de dicha
renta; y no sólo pertenecen a ambos,
sino que ambos, por separado o conjuntamente,
pueden disponer de la misma.
Decir que la capacidad económica
del cónyuge trabajador en este caso de régimen
de gananciales se mide por la renta
generada y no por la atribuible o disponible
en comunidad con el otro cónyuge
es grave burla del principio de
capacidad económica. Pero no podía la
Hacienda (o no quería) hacer una de estas
dos cosas: modificar la tarifa para
mantener del poder recaudatorio del impuesto
o aceptar una disminución recaudatoria.
En efecto, la inmensa mayoría de
las rentas de trabajo que se integran en el