milan kundera - Prisa Revistas

LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
tema (desde la perspectiva de la progresividad)
de las deducciones en la cuota se
ha transformado en un factor de opresión
recaudatoria sobre rentas medias y bajas a
causa de su inmutabilidad (o casi) ante el
fenómeno inflacionario.
Y aquí entra la demagogia. En estas
circunstancias, los tipos altos en la tarifa
progresiva operan como un bálsamo confortador
para quienes están sufriendo una
presión brutal en sus rentas medias y bajas.
La proyección pública de tipos como
el 56%, el 70% en la acumulación sobre
el patrimonio, incluso más del 100%, según
la ley, en algunos casos 2 , deja el espíritu
abierto a considerar el sentido justiciero
de estas sabias normas que tanto daño
deben hacer a algunos.
Pero si se contemplan los datos recaudatorios
por tramos de renta, tanta felicidad
se viene abajo, a poco empeño que se
ponga en razonar. La recaudación correspondiente
a esos altos tramos de la tarifa es
irrisoria; aunque, eso sí, después de haber
gravado seriamente a unos pocos, que no
son todos los que se encuentran, de verdad,
en esos tramos de renta, sino sólo
unos cuantos que no han podido escapar
(se entiende, por vías legales). En las circunstancias
actuales del impuesto del
IRPF, los tipos altos son un espejismo para
tener contentos a los más, sin fruto para
nadie. Y, menos que para nadie, para la
equidad basada en la capacidad económica
real y en la progresividad, para las que
constituyen una irrisión, defendida con
frecuencia desde las alturas de una implacable
justicia tributaria niveladora. Quiero
destacar estas razones porque el actual
IRPF es sustancialmente inconstitucional
por inicuo, en relación con los principios
de capacidad e igualdad de nuestra Constitución.
Y ésta es una razón para su profunda
reforma, al menos tan importante como
la que más, en la que no se suele reparar.
2 Estas situaciones pueden producirse porque
la ley de 1991, después de establecer el tope del
70% de la base, es decir, de la renta neta, para el pago
conjunto del IRPF y el impuesto de patrimonio,
añadió (art. 31) un mínimo en el impuesto de patrimonio,
que es, en cualquier caso, el 20% de la cuota
que corresponde por dicho impuesto. En el caso
de un sujeto que, por ejemplo, tenga su patrimonio
en acciones de una sociedad que un año no reparte
dividendos, en el caso de que no tuviera otra fuente
de renta, tendría ese año una renta cero y, sin embargo,
tendría que pagar, por IRPF e impuesto de
patrimonio, el equivalente al 20% de la cuota del
impuesto de patrimonio. Lo mismo sucede, por
otras razones, en los casos de patrimonios integrados
en gran parte por nudas propiedades, que no
producen ni pueden producir rendimientos gravados
en el IRPF. Los ejemplos pueden multiplicarse.
4. Breve digresión sobre
la política redistributiva
La redistribución mediante la utilización
del sistema público de ingresos y gastos
sólo tiene sentido si se contempla también
el gasto público. El impuesto, cualquier
impuesto, puede llegar a ser confiscatorio
por lo elevado, pero el grado de
redistribución depende sobre todo de la
estructuración del gasto. Por el contrario,
para hacer redistribución a través del sistema
hacendístico no es imprescindible
que la progresividad tenga una imagen escandalosa
medida en dígitos de gravamen;
basta con que el tributo no sea regresivo
y la política de gasto se articule
con criterio redistribuidor, lo que es, en
nuestras sociedades, casi inevitable. De
suyo, un impuesto personal sobre la renta
de carácter proporcional puro puede dar
lugar a una fuerte redistribución si las
prestaciones públicas se hacen con un
simple criterio igualatorio, o, más aún, en
función de las necesidades de los perceptores
no cubiertas o peor cubiertas por su
renta o capacidad económica; de este modo,
cada cual pagaría en función directa
de su renta y percibiría en función directa
de sus necesidades, por lo menos en lo
que se refiere a los servicios públicos divisibles
y personalizables. De hecho, es así
en muchos supuestos; en algunos, al menos
tendencialmente.
Por lo demás, la Constitución manda
que el sistema tributario sea progresivo; y
las funciones de redistribución no son
propiamente mandato constitucional, sino
que habla (art. 40) de “una distribución
de la renta regional y personal más
equitativa”, lo que es mucho, pero es menos
que redistribución. Y, sobre todo,
esas políticas no están vinculadas en exclusiva
al instrumento tributario, ni siquiera
al hacendístico, que incluye el gasto
público. La incidencia de los poderes
públicos, por ejemplo, en la política de
rentas u otras pueden tener un efecto inmediato
sobre la equitativa distribución
de la renta.
Por último, cabe discutir qué es una
política equitativa de distribución personal
de la renta. Para algunos se trata de
perseguir una política igualatoria, lo que
tropieza con dificultades para encajarse
en un sistema de libertades, incluidas las
económicas. Para otros, la equidad distributiva
requiere un gravamen, si no igualitario,
que implique al menos un cercenamiento
llamativo de la renta alta. Pero es
que la distribución equitativa de la renta
exige que nadie baje de unos mínimos razonables,
que lógicamente habrán de ser
cambiantes en el tiempo, en función de
las mejoras que se produzcan en los niveles
económicos, no medios, pero sí generales.
El argumento normalmente utilizado
es el de las diferencias, grandes o pequeñas,
crecientes o decrecientes; pero
también puede estimarse equitativa la situación
en que nadie esté por debajo de
un razonable mínimo, interpretado en
función de las circunstancias cambiantes
a plazo medio y largo.
Estas consideraciones tienen su trascendencia
en el ámbito tributario. Tanto
que la propuesta de la Comisión Lagares
tiene como criterio para fijar un mínimo
a partir del cual se aplica la progresividad
el “mínimo vital exento”, variable según
las cargas personales, y no estable a largo
plazo 3 . A este asunto no me voy a referir
en estas consideraciones, pero de todo
ello resulta que las afirmaciones sobre el
carácter no progresivo, o menos progresivo,
de un impuesto que no tenga tipos
marginales muy altos son, en general,
más bien demagógicas y no pueden admitirse
en el sentido en que se utilizan,
sino teniendo en cuenta todos los aspectos
del problema, que es, desde luego,
complejo.
5. Razones económicas. La inserción
en una unidad económica amplia
Son las que normalmente se invocan para
pedir la reforma del actual IRPF. Me
voy a referir a ellas, pero más brevemente,
porque, de alguna manera, están más
difundidas. De éstas hay algunas que se
derivan del hecho de que la economía española
se inserta en una zona geográficopolítica
en la que las fronteras económicas
han desaparecido, o casi, y en un
mundo de liberalización creciente de las
transacciones económicas internaciona-
3 El anteproyecto incorpora este criterio: en el
artículo 40 fija el mínimo personal en 550.000 pesetas,
y puede ser superior por razón de edad o discapacidad;
este mínimo personal se incrementa, en
su caso, para constituir un mínimo personal y familiar,
en cantidades variables, 100.000 pesetas por
ascendiente mayor de 65 años, en algunos casos, y
200.000 o 300.000 pesetas por hijo, según el número
de éstos; hay otros factores de incremento de
ese mínimo.
A efectos del razonamiento anterior, estos mínimos,
plenamente operativos para aplicar la tarifa
del impuesto, no deben confundirse con el mínimo
vital que refleje la posible calidad de vida, pues
a esas cantidades hay que añadir el conjunto de servicios
públicos gratuitos que se perciben de los entes
públicos (sanidad, educación y otros), que tienen
un alto sentido redistributivo y configuran con
las rentas percibidas, el conjunto de bienes y servicios
disponibles para una persona en una sociedad
solidaria.
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