Migraciones indígenas - IIDH

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, durante los últimos 30 años se
titularon 647 resguardos, con una extensión de 31.066,430 hectáreas, que representan cerca del 28%
del territorio nacional. El período de mayor inversión en adquisición de tierras fue de 1994 a 1997,
durante el cual se priorizó el saneamiento de los resguardos, mediante la compra de mejoras a colonos,
y la ampliación de los mismos, mediante compra de predios a particulares, superando las cuarenta mil
hectáreas 109 .
Del total de la población indígena localizada en 32 departamentos, cuenta con resguardo el 86.9%,
mientras que el 13,1% carece del reconocimiento de sus derechos territoriales. Este último porcentaje
incluye el 3.8% de la población indígena que habita en tierras baldías y el 9,1% que corresponde a las
denominadas parcialidades 110 .
No obstante los logros obtenidos en materia territorial, persisten gravísimos problemas como: i)
la altísima densidad de población en los resguardos, como en el caso del Cauca o la zona cafetera;
ii) la permanencia de colonos campesinos en territorios indígenas; iii) la existencia de proyectos, en
prospección o ejecución, de explotación de recursos naturales; iv) la presencia de actores armados
al margen de la ley y v) más recientemente, la instalación de bases militares de la Fuerza Pública en
resguardos y territorios tradicionales.
La adjudicación de tierras para la constitución y ampliación de resguardos indígenas, realizada
en las dos últimas décadas, se ha visto vulnerada por la disputa territorial de los actores armados
en confrontación. Esta situación evidencia que la existencia de los títulos no garantiza a los pueblos
indígenas el pleno dominio de los espacios vitales para la reproducción de su cultura.
Por otro lado, según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la ONIC, entre enero de
1985 y agosto de 2005 se registra un total de 1,641 homicidios, de los cuales aproximadamente 60% se
produjeron entre 2000 y 2005 111 . Por su parte el Sistema de Información sobre Pueblos Indígenas del
Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN, muestra que en un período de treinta años (1974-2004)
se registran 6,726 violaciones de las cuales 1,869 (27.7%) corresponden a asesinatos contra dirigentes,
autoridades indígenas y en general líderes de las comunidades.
La violencia política contra los pueblos indígenas ha estado determinada por la dinámica misma
de un conflicto cuyo eje central ha sido el dominio sobre la tierra y el control territorial que garantiza
la consolidación de los proyectos económicos y políticos de los diferentes actores armados. Para los
investigadores Villa y Houghton, es posible identificar dos momentos:
Un primer momento de ascenso del movimiento indígena, en el cual la lucha por la tierra ocupa
el principal lugar en su agenda de reivindicaciones. En este escenario se constituyen las modernas
organizaciones indígenas que, en oposición al poder terrateniente y al control político ejercido por el
gamonalismo, afirman un proyecto de corte autónomo y de reconstrucción territorial. En esta primera
etapa de ascenso del actual movimiento indígena, la violencia que se ejerce contra los pueblos indígenas
proviene principalmente del poder gamonal.
Los datos disponibles en el Sistema de Información sobre Pueblos Indígenas de CECOIN, respecto
a hechos ocurridos en el período que va de 1974 a 1990, señalan a terratenientes, colonos y grupos
109 Proyecto de Protección de Bienes Patrimoniales de la Población Rural Desplazada y Fortalecimiento del Tejido Social,
PPBP. Documento de Trabajo. Bogotá, 2005.
110 Sánchez y Arango, 2001.
111 ONIC, Área de Derechos Humanos y Paz. Plan estratégico para la prevención, Atención, reparación y estabilización de
los pueblos indígenas desplazados forzosamente o en riesgo de desplazamiento: 2005-2007. Bogotá, agosto de 2005.
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