Migraciones indígenas - IIDH
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Consulta especializada sobre migraciones <strong>indígenas</strong><br />
armados al servicio de éstos como los directos responsables de la mayoría de los asesinatos, al tiempo<br />
que las amenazas y detenciones arbitrarias corresponden a la Fuerza Pública.<br />
Este tipo de hechos se concentra especialmente entre los pueblos que asumen la recuperación de<br />
tierras como acción directa. Es el caso de pueblos como Zenú, Pijao, Nasa, Pastos y parte del pueblo<br />
Embera, que geográficamente se asentaron en los grandes valles interandinos, en donde el latifundio y<br />
la gran hacienda se habían consolidado después de la disolución de los resguardos coloniales.<br />
En un segundo momento, con la promulgación de la Constitución de 1991, se producen cambios<br />
en el tipo de acción política que emprenden las organizaciones <strong>indígenas</strong>. A partir de este momento,<br />
el movimiento indígena concentra principalmente sus esfuerzos en consolidar y llevar al terreno de<br />
la realización, los derechos consignados en la Constitución Política. Este cambio de perspectiva va a<br />
implicar una baja significativa en la violencia que se ejerce sobre los pueblos <strong>indígenas</strong>, situación que<br />
no es exclusiva para esta población y que cubre al conjunto de la sociedad nacional.<br />
Esta “tregua” se rompe en la segunda mitad de la década de los noventa. Mientras en 1996 sólo 14<br />
municipios de 9 departamentos registraban hechos de violencia política contra <strong>indígenas</strong>, en 1997 el<br />
número de municipios se disparó a 44, en 16 departamentos 112 .<br />
Desde 1997 hasta la actualidad, la geografía de la guerra presenta una coincidencia evidente entre las<br />
manifestaciones de violencia política contra pueblos <strong>indígenas</strong> y las tendencias generales y nacionales.<br />
Los territorios con mayor presencia de actores armados y mayores acciones bélicas se superponen<br />
a los territorios <strong>indígenas</strong>. Es el caso de regiones como el Pacífico colombiano, especialmente en la<br />
región norte, cerca a la frontera con Panamá, y los corredores estratégicos para los actores armados<br />
identificados por varios analistas 113 .<br />
Con relación a estos últimos hay que mencionar: i) el corredor norte, en donde la hegemonía<br />
paramilitar es casi absoluta, que conecta la región del Urabá con la frontera con Venezuela, en el<br />
Catatumbo, y que incluye los territorios <strong>indígenas</strong> en el norte de Antioquia, Córdoba, la Sierra Nevada<br />
de Santa Marta, la Serranía del Perijá y el Catatumbo; ii) el corredor sur oriental que conecta los<br />
departamentos del Piedemonte y la Amazonía, y región, por excelencia, de expansión de la frontera<br />
agrícola, de la colonización campesina y de la ampliación de los cultivos ilegales, en donde la hegemonía<br />
militar es ejercida por las FARC. Este corredor atraviesa los territorios de los pueblos <strong>indígenas</strong><br />
amazónicos los cuales, entre otras características, se destacan por la presencia de importantes recursos<br />
naturales y; iii) el corredor que busca la salida al Pacífico desde el piedemonte amazónico, pasando por<br />
el sur del Tolima, norte del Cauca, sur del Valle y el Macizo colombiano, es decir los valles interandinos<br />
en donde han habitado ancestralmente pueblos con una gran tradición de lucha por su territorio como<br />
el nasa, guambianos, pijao, entre otros.<br />
Por otra parte, la disputa por el control territorial por parte de los actores armados, que implica el<br />
dominio sobre poblaciones, recursos naturales y dinámicas económicas y políticas locales y regionales,<br />
convierten en objetivos militares los territorios <strong>indígenas</strong>. Estos territorios son, en su mayoría,<br />
geográficamente estratégicos para la guerra por su cercanía a las zonas de frontera, la presencia de<br />
corredores de movilidad y zonas aptas para el abastecimiento y la retaguardia, y la existencia de recursos<br />
naturales y de cultivos de uso ilícito y laboratorios de procesamiento. Estos últimos representan fuentes<br />
de financiación, vía cobro de impuestos extorsivos a las empresas explotadoras y a los productores de<br />
hoja de coca y estupefacientes, o vía control directo de los negocios ilícitos.<br />
112 Villa, William; Houghton, Juan Carlos. Violencia política contra los pueblos <strong>indígenas</strong> de Colombia. 1974-2004.<br />
Altovuelo Editores, Medellín, 2005.<br />
113 Bolívar et al, 2003.<br />
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