200812 Seminario Permanente Sobre Realidad Nacional, Desafios ...

Seminario Permanente sobre Realidad Nacional. XXIV Sesión Anual 2008
Desde el año 2000, los estudios de ASIES han sido contestes en
establecer que el proceso de fortalecimiento del sistema de justicia
ha avanzado sólo en forma parcial y que las debilidades en su
desempeño se reflejan en la falta de coordinación práctica y eficiente
entre las instituciones del sistema, en las incesantes prácticas de
amenazas, intimidación y atentados en contra de sus funcionarios y
servidores públicos y en los fenómenos sistemáticos de la impunidad
cuando no de la corrupción activa y pasiva.
En buen número de las instituciones del sistema, se registran
progresos de la infraestructura física e informática; sin embargo,
éstos se han concretado en forma desigual en cuanto a los temas
de excelencia y fortalecimiento profesional de los funcionarios y
servidores públicos, y de implementación y fortalecimiento de las
diversas medidas para mejorar al acceso de justicia por parte de los
pueblos indígenas y sectores vulnerables.
El proceso de fortalecimiento de la justicia con sus avances y
debilidades, evidenciado durante los últimos cuatro estudios, aparece
interrumpido en este quinto estudio por una realidad que supera y
está minando los esfuerzos por alcanzar una transformación integral
y progresiva orientada a cumplir un servicio eficiente y eficaz de
resolución de conflictos. Con preocupación debo señalar que durante
los últimos tres años, en el desarrollo de la función pública
guatemalteca se ha percibido claramente la influencia de las acciones
del crimen organizado y del narcotráfico que unidas a la debilitada
institucionalidad del sistema de justicia y seguridad han permitido
que los niveles de criminalidad, de violencia y de impunidad
prevalezcan sobre cualquier esfuerzo de control y reducción.
De esta realidad que cabe traer a cuenta, el Estado de Guatemala
integrado por los organismos que ejercen el poder público se ha
configurado para cumplir con su deber de garantizar a los habitantes
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona, entre otros tantos derechos, y
como se expresa en el Artículo 2 de nuestra Constitución Política.
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