alance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe ...

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Estas consideraciones han dado origen a dos propuestas que en último término se consideran
complementarias. Por una parte, se trata de incorporar “cláusulas de acción colectiva” a los contratos de
emisión de títulos de deuda soberana y, por otro, de instaurar a escala internacional un mecanismo
análogo al del procedimiento concursal contemplado en el derecho privado de una mayoría de los países,
en virtud del cual un deudor y todos sus acreedores negocian ante un tercero reducciones de la deuda en
un contexto sistemático y con el apoyo de la ley; este mecanismo de reestructuración de la deuda
soberana también es conocido por su sigla en inglés, SDRM (sovereign debt restructuring mechanism). 4
La idea de incorporar cláusulas de acción colectiva a los contratos de emisión de títulos fue
planteada por primera vez en el “Informe Rey”, elaborado en respuesta a una solicitud del Grupo de los
Diez después de la crisis de México de 1994-1995. 5
Se han mencionado tres tipos: i) cláusulas de acción mayoritaria, que permiten modificar las
condiciones de pago sin contar con la aprobación unánime de los tenedores de los títulos; ii) cláusulas de
representación, que permiten a un agente o grupo de agentes, negociar en representación del conjunto y
iii) cláusulas de distribución, que obligan a los tenedores que reciben pagos a distribuirlos equitativamente
entre todos. El objetivo general de estas cláusulas es facilitar una renegociación de la deuda en
situaciones como las creadas por su instrumentación mediante títulos. Este tipo de deudas suelen estar
mucho más dispersas que las deudas bancarias típicas de comienzos de los años ochenta y sus
tenedores no están vinculados entre sí por cláusulas sobre ingresos compartidos. Tal circunstancia
alienta un comportamiento individualista que puede redundar en pleitos y paralizar un acuerdo con los
acreedores ya que normalmente se exige unanimidad para modificar las cláusulas sobre condiciones de
pago. Además, a diferencia de los bancos, muchos de los acreedores no tienen otra relación con el país
deudor que el hecho de ser tenedores de títulos, por lo que predominaría el desinterés acerca de su
prosperidad futura. Para superar estas dificultades, cláusulas de acción colectiva permiten adoptar
decisiones por voto mayoritario, así como representar representantes, e imponen la obligación de
subdividir las amortizaciones y cobro de intereses entre todos los tenedores de títulos. Pero, al mismo
tiempo, dejan la negociación en manos del mercado sin intervención gubernamental ni de ninguna otra
instancia.
La objeción fundamental que se les ha hecho a estas cláusulas es que el proceso de incorporación
a los contratos de emisión de títulos de deuda soberana puede ser muy largo. También se ha aducido que
su instauración definitiva puede desalentar la concesión de préstamos a países que, por su situación,
hagan sospechar a los prestamistas que el deudor podría pretender renegociar sus obligaciones.
Dejando atrás una etapa en que se consideró que el mercado financiero era perfectamente capaz
de superar este tipo de situaciones, sin que fuera necesario recurrir a nuevas medidas institucionales, se
está empezando a aceptar la inclusión de cláusulas de acción colectiva en los contratos de emisión de
títulos de deuda soberana. 6
La idea de resolver los problemas que plantea la renegociación de una deuda soberana mediante
procedimientos análogos a los aplicables en caso de quiebra en el ámbito del derecho privado tiene una
larga historia, que se remonta al mismísimo padre de la economía política, Adam Smith. 7 En los últimos
años ha sido replanteada, entre otros por la UNCTAD y, en noviembre de 2001, por Anne Krueger, pocos
meses antes de ser designada Subdirectora Gerente del Fondo Monetario. 8
Se trata fundamentalmente de crear un marco institucional para la reestructuración de deudas
soberanas consideradas insostenibles y de evitar que el deudor y sus acreedores posterguen
indefinidamente el reconocimiento de esa insostenibilidad, lo que se traduce en una acumulación de
problemas e impone mayores exigencias de rescate. En este caso, un elemento clave es la aceptación
legal de una etapa de suspensión del servicio de la deuda (standstill) y de toda demanda que pueda
iniciar un acreedor individual o grupo minoritario para generar, así, un marco de negociación adecuado.
Precisamente, una de las mayores dificultades para aplicar este mecanismo es la falta de un
procedimiento de validez universal que otorgue pleno respaldo a tal suspensión en el ámbito jurisdiccional
de todos los países.