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Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2002 31 Un segundo elemento clave, así como se da en los procedimientos concursales nacionales y en forma similar a la prevista en las cláusulas de acción colectiva, es que una mayoría suficientemente amplia de acreedores le otorgaría validez legal en el territorio de todos los países involucrados a un acuerdo de “reestructuración” o reducción del valor al que se pudiera llegar. El Comité Monetario y Financiero Internacional de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario ha dado su respaldo al perfeccionamiento de las dos propuestas, tanto la introducción de cláusulas de acción colectiva como la de la instrauración del SDPM. En cambio, el sector privado ha rechazado enérgicamente esta última a través de varias entidades. Además, muchos países en desarrollo, sobre todo los que se encuentran en una situación de mayor fragilidad, también se han opuesto firmemente a la instauración de este mecanismo. Se argumenta que la posibilidad de recurrir al mecanismo concursal podría desanimar a los prestamistas, lo que cerraría las puertas del mercado financiero internacional a las naciones cuya situación no permita predecir con toda seguridad que no sufrirán altibajos. 9 En cuanto a los detalles de esta propuesta, hay una amplia gama de opciones, entre otras las relacionadas con los siguientes asuntos: i) quién declara la suspensión del servicio de la deuda y en qué condiciones (el país directamente afectado con la autorización del Fondo Monetario, el Fondo o los acreedores) y cómo se podría determinar que la deuda es insostenible; ii) cómo podría asegurarse la suspensión de los pleitos, ya que aunque hay quienes sostienen que de aprobarlo el FMI, las disposiciones de su Acuerdo Constitutivo serían suficientes, existe consenso en cuanto a la necesidad de fortalecerlo en este aspecto o complementarlo con otro instrumento legal internacional; iii) quién actuaría como árbitro o tribunal para aprobar un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, puesto que hay una fuerte oposición a que sea el Fondo Monetario, por considerarlo parte interesada; iv) qué deudas se incluirían en la reestructuración (sólo la deuda soberana o también la de deudores privados) y si se incluirían o no las acreencias de las instituciones financieras internacionales; v) qué criterios y procedimientos se aplicarían a las deudas soberanas; Kunibert Raffer y la organización Jubilee proponen recurrir a los procedimientos aplicados en Estados Unidos a los municipios que tienen deudas impagas. En los últimos años, la CEPAL se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre estos temas, tanto a través de un informe del Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas de 1999, cuya coordinación estuvo a cargo de la CEPAL, como de sus informes institucionales y otros aportes a los debates internacionales correspondientes. A través de estas contribuciones, la Secretaría de la Comisión ha recomendado, entre otras cosas, que: (i) el financiamiento de emergencia del Fondo Monetario Internacional y los mecanismos para resolver problemas de sobreendeudamiento deben visualizarse como complementos y no como sustitutos, ya que el primero está dirigido a enfrentar dificultades de liquidez y el segundo a problemas de solvencia; (ii) el primero debe ampliarse, haciendo uso más activo de los Derechos Especiales de Giro, en particular de emisiones transitorias durante los períodos de iliquidez internacional; (iii) a su vez, las cláusulas de acción colectiva y el mecanismo de reestructuración de deuda soberana deben ser visualizados como instancias alternativas para resolver los problemas de solvencia,; (iv) las cláusulas de acción colectiva deben tener carácter universal, para evitar que den origen a un nuevo factor de discriminación contra los países en desarrollo; (v) el financiamiento privado que se otorgue en situaciones de crisis debe tener preferencia en los procesos de reestructuración, y en algunos casos debe ser un requisito para acogerse a estos procesos; y (vi) el apoyo crediticio de los organismos multilaterales al financiamiento durante la fase de renegociación y el período inmediatamente posterior juega un papel critico. En el último caso, dicho apoyo debe tener como objetivo primordial, el facilitar la reinserción de los países en los mercados privados de capitales, para lo cual debería considerarse la creación de un sistema multilateral de garantías a través de un fondo especial manejado por los principales bancos de desarrollo.
32 CEPAL Notas: 1 Este recuadro está basado en: Arturo O’Connell, La deuda externa de América Latina y el Caribe, CEPAL Serie Estudios Estadísticos y Prospectivos, en proceso de publicación. 2 Los mecanismos empleados a la fecha han sido objeto de variadas críticas y están siendo revisados. Véase, entre otros, Fondo Monetario Internacional, Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC): Status of Implementation, documento preparado por funcionarios del Fondo Monetario y el Banco Mundial, 19 de septiembre de 2002; Birdsall, N. y Williamson J., The HIPC Initiative, Washington, D.C., Instituto de Economía Internacional (IIE), 2002. “The HIPC Initiative”, IIE, Washington, 2002 y Daniel Cohen, The HIPC Initiative: How Really Good is It?, París, École Normale Supérieure/Centro de Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2001. 3 Quizás el más conocido partidario del establecimiento de un “prestamista en última instancia” internacional y de formalizar algo más la actividad del Fondo Monetario en este ámbito es Stanley Fisher, que hasta el 2001 fuera Subdirector Gerente de esa institución; ver su “On the need for an International Lender of Last Resort”, Essays in International Economics, No. 220, Princeton, November 2000. Un resume de las discusiones acerca del papel del prestamista de última instancia, en el contexto bancario nacional, puede encontrarse en “Lender of Last Resort: a review of the literature” by Freixas, X., Giannini, C., Hoggarth, G. and Soussa, F., Bank of England Financial Stability Review, November 1999. 4 Véase Communiqués of the International Monetary and Financial Committee of the Board of Governors of the International Monetary Fund, Press release Nº 02/22, April 20, 2002, §10, y Press Release Nº 02/45, September 28, 2002, §11. 5 El “Informe Rey” es el nombre con que se conoce comúnmente el informe sobre solución de crisis de liquidez soberanas del Grupo de los Diez (“The resolution of sovereign liquidity crises; a report to the Ministers and Governors prepared under the auspices of the Deputies”), Mayo de 1996. La cláusula de acción mayoritaria se incorpora normalmente en los títulos emitidos bajo la legislación británica, lo que no ocurre con los emitidos bajo la legislación del Estado de Nueva York. 6 Véase la nota del 23 de junio del 2002 dirigida al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos por varias entidades representativas del mundo financiero. 7 Rogoff K. y Zettelmeyer J., “Bankruptcy Procedures for Sovereigns: a History of Ideas, 1976-2001”, documento de trabajo del Fondo Monetario Nº 02/133, Washington, D.C., agosto de 2002. 8 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Informe sobre comercio y desarrollo, 1998 (UNCTAD/TDR/1998), Ginebra, 1998, cap. IV, e Informe sobre comercio y desarrollo, 2001 (UNCTAD/TDR/2001), Ginebra, 2001, Segunda parte, cap. VI, “La gestión de las crisis y el reparto de la carga”. De hecho, la UNCTAD había analizado el mecanismo de quiebra varios años antes; véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Informe sobre comercio y desarrollo, 1986, Ginebra, 1986, Anexo Cap. VI. Para la doctora Kruegue, su versión inicial está en International Financial Architecture for 2002: A New Approach to Sovereign Debt Restructuring, Washington, D.C., American Enterprise Institute, 26 de noviembre de 2001, y una versión más completa en A New Approach to Sovereign Debt Restructuring, Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional, abril de 2002 y Krueger A., Sovereign Debt Restructuring Mechanism: One Year Later, México, D.F., Fondo Monetario Internacional, 12 de noviembre de 2002. Una idea similar partió de una propuesta conjunta efectuada por funcionarios del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá; véase Andy Haldane y Mark Kruger, “The Resolution of International Financial Crises: Private Finance and Public Funds”, documento de trabajo Nº 2001-20, Banco de Canadá, noviembre de 2001. 9 Véase, entre otros, el debate del Grupo de los 20 en su última reunión, realizada en Nueva Delhi, G-20 Finance Minister’s and Central Bank Governors Meeting – Delhi Communiqué, November 23 2002, y “G 20 countries desagree on debt defaults”, Financial Times, 25 de noviembre de 2002.
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