LA GRAN ENCRUCIJADA

CAPÍTULO 6. La reapropiación democrática del marco político | 109
Sin embargo, el texto constitucional también proyectó los recelos del nuevo establishment
político respecto al empoderamiento y la acción de la ciudadanía con una
escasa y rígida consideración de la participación de los ciudadanos en la política,
reducida a una Iniciativa Legislativa Popular muy exigente en firmas (500.000) y
a una acción popular ante la justicia muy restrictiva (artículos 87 y 125) 206 , con
una gran rigidez en cuanto a la propia reforma de la Constitución (con exigencias
de mayorías cualificadas de 3/5 y 2/3 de ambas cámaras, según el título afectado).
En todo caso, desde la instauración de la Constitución en 1978 y tras un par de
décadas de importante crecimiento económico y mayor acceso al consumo que han
transformado el país (con elevados costes ecológicos), la política y el desarrollo legislativo
se han ido tiñendo del neoliberalismo dominante hasta su transmutación radical
en 2011 con la modificación del artículo 135, que, al dictado de la UE, limita el
déficit y prioriza los pagos a los acreedores frente a cualquier otra necesidad del país.
A partir de ese momento, se precipita el proceso deconstituyente 207 con la
reformulación de las principales leyes laborales, sociales y medioambientales
(contramedidas a los programas del ministerio de Narbona), los procesos de privatización,
los recortes de los derechos sociales o la contrarreforma civil (reforzamiento
de los sectores religiosos, intervención sobre los derechos sexuales y reproductivos,
o endurecimiento de las condiciones de las personas migrantes), que ha sumido al
país en una profunda y prolongada crisis política, económica y social.
Y ese proceso de crisis del marco jurídico legal se ha acompañado con una
extraordinaria agudización de la corrupción institucional, de los partidos políticos
y del entramado económico (desde la familia real, los partidos mayoritarios y
las administraciones locales hasta las cajas de ahorros públicas y las corporaciones
privadas) que ha acabado por deslegitimar al conjunto de las instancias democráticas,
llegando a plantear abiertamente una auténtica crisis institucional y la
caducidad política del régimen nacido en 1978 con la promesa de desarrollar un
“Estado social y democrático de derecho”.
6.4. ¿Hacia un proceso constituyente?
La “inteligencia social” que está dinamizando la realidad sociopolítica del país en la
actualidad parece moverse en torno, entre otras cosas, a dos consideraciones relevantes.
La primera apunta a que la situación política ha alcanzado un alto nivel de
deterioro y parece necesario reconsiderar el pacto constitucional de los últimos
treinta y cinco años, planteando para ello la devolución de la iniciativa política a
la ciudadanía con el objetivo de restaurar la salud democrática y sacar al país del
estado de postración y falta de perspectivas en el que se encuentra.
206. Tampoco las posibilidades de consulta popular son muy abiertas en la legislación sectorial.
La Ley de Bases de Régimen Local (reforma de la ley de 1985) dificulta tanto el tema de las consultas
que, del centenar planteado por las entidades locales desde 1985, solo poco más de treinta
han sido finalmente permitidas (El País, 25 de octubre de 2014).
207. Véase la descripción de esos procesos en G. Pisarello (2014), Procesos constituyentes, caminos
para la ruptura democrática, pp. 156 y siguientes.