LA GRAN ENCRUCIJADA

CAPÍTULO 6. La reapropiación democrática del marco político | 113
Los jueces han fijado incluso unas metas concretas: para 2020 debe
lograrse una rebaja del 25% de los gases que provocan el calentamiento
de la Tierra, en lugar del 16% marcado por la actual política
medioambiental”.
Fuente: El País, 25 de junio de 2015.
• Establecer Estrategias-País que, por la vía constitucional o por su desarrollo
legislativo, sean reconocidas como instrumentos adecuados para
alcanzar los objetivos necesarios en los tiempos precisos.
Dichas Estrategias-País habrían de contemplar, en el marco general del ordenamiento
social, territorial y económico, las siguientes cuestiones: 1) implementar
sistemas indicadores-país que, más allá del PIB, permitan evaluar de forma integral
su evolución (bienestar, desigualdad, extralimitación ecológica y emisiones
de carbono, etcétera); 2) actuar sobre el binomio energía-clima con objetivos
y tiempos concretos para descarbonizar la economía antes de mediar el siglo,
tanto desde la oferta (sector energético) como desde la demanda (sectores del
transporte, la edificación, la industria y los territorios/ciudades); 3) preservar los
sistemas ecológicos clave terrestres (e hídricos), litorales y marinos, reforzando un
planteamiento riguroso sobre las cuestiones de su titularidad y gestión (pública,
común, privada, concertada); 4) impulsar los procesos de ecologización agrícola
y de la correspondiente adaptación de las dietas a la optimización de las relaciones
calorías/recursos utilizados; y 5) posibilitar la implementación de procesos de
excepcionalidad y emergencia para impulsar aquellas acciones de la Estrategia-
País que por su gravedad y urgencia requieran ser afrontadas de forma inmediata.
• Dotar a las instituciones de capacidades suficientes para cumplir los objetivos
constitucionales en materia ecológica. Resolver adecuadamente, con
respeto a los preceptos democráticos y a las competencias de las distintas administraciones
territoriales, las formas y procedimientos para acometer en cortos
plazos de tiempo las transformaciones socioeconómicas necesarias constituye
uno de los nudos gordianos a resolver en los nuevos textos constitucionales.
En ese mismo campo, y a la luz del establecimiento de líneas estratégicas de
supervivencia en términos de la triple dimensión clave –convivencia democrática,
inclusión social y respeto a los límites de biocapacidad (gravemente
traspasados)–, la información y la difusión de ciertos conceptos y valores culturales
parecen imprescindibles.
Así, una lectura innovadora sobre los derechos fundamentales (a la vida y a la
preservación de los sistemas que la mantienen), los bienes comunes y de interés
general (con innovaciones derivadas de los nuevos retos) 212 , la democracia
212. La redefinición y la actualización de los bienes de interés general constituyen un reto
mayor e imprescindible, máxime cuando el espacio vital entre el bienestar humano y los límites
de biocapacidad planetaria se estrecha. Así, entre dichos bienes habría que considerar temas
como una energía que se acaba, una capacidad de carga (y de vida) limitada, unas emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) desbordadas, unos ecosistemas en recesión o ciertos sistemas
de información que permitan a la ciudadanía conocer la realidad de la situación.