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INTRODUCCIÓN. Dimensión y singularidades del cambio de época | 27<br />
(reducciones salariales del 2% anual y reducción del 8% de contratos fijos) 33 e<br />
indirectos (sanidad, educación, etcétera) 34 , está siendo aplicado con todo rigor<br />
en España a partir de 2010, siguiendo las directrices impuestas desde Bruselas 35 ,<br />
con la correspondiente exigencia de salvar con recursos públicos, nacionales y<br />
europeos, a un sector financiero nacional (muy endeudado con la banca europea)<br />
en o al borde de la quiebra, muy especialmente en el caso de las cajas de ahorros 36 .<br />
Todo ello ha supuesto la ruptura del pacto social sobre el que se ha sustentado<br />
la convivencia en España desde la instauración de la democracia en 1979 y ha<br />
propiciado la apertura de una crisis institucional –más allá de la grave problemática<br />
de Catalunya–, política y social.<br />
Tras un sexenio social y económicamente dramático, el año 2015 ha finalizado<br />
con un resultado macroeconómico positivo con un incremento del 3,2%<br />
del PIB y 525.000 nuevos empleos; el 95% de ellos, temporales y con cotas muy<br />
altas de precariedad, que no ha tenido suficiente impacto para mejorar significativamente<br />
la crisis socio-laboral.<br />
Efectivamente, según la encuesta de población activa (EPA), al inicio de 2016,<br />
el paro sigue en el 20,9% (4,7 millones de trabajadores), la mitad de “larga duración”,<br />
con 1,5 millones de hogares con todos los miembros desempleados, otros<br />
721.000 hogares sin ningún tipo de ingreso y el 25,6% de tasa de temporalidad.<br />
Y EAPN advierte en 2015 que tener trabajo ya no es sinónimo de bienestar, ya que<br />
en España, con la precariedad laboral, el 11% de las personas pobres lo son pese<br />
a tener un trabajo. Además, subsisten altísimas cotas de desigualdad 37 , incluido<br />
33. Así lo indica el informe OCDE Employement outlook de 2014, que advierte de que ello amenaza<br />
la recuperación económica del país.<br />
34. La información de Eurostat es clarificadora al respecto: el gasto público, que en 2012 representaba<br />
el 47,3% del PIB (frente al 49% de la UE), se redujo en 2014 hasta el 43,6% (la UE<br />
mantenía el 48,1% en 2013). S. Lago Peñas y J. Martínez-Vazquez, “Gasto público en España<br />
en perspectiva comparada”, en Papeles de Economía Española 147 (2016).<br />
35. El hecho más representativo de esta imposición se concreta en la reforma del artículo 135 de<br />
la Constitución en 2011 para dar prioridad a la devolución de la deuda a las entidades financieras<br />
frente a cualquier otra necesidad del país y de sus ciudadanos.<br />
36. La quiebra, fraudulenta en muchos casos, de las cajas de ahorros obliga a una reflexión sobre<br />
el comportamiento de este sector público a la hora de hacer propuestas de futuro.<br />
37. España se ha situado en el grupo de cabeza de la desigualdad en Europa. Por diferencia de<br />
ingresos, las estadísticas europeas apuntan que en nuestro país el 20% más rico tiene 7,2 veces<br />
más ingresos que el 20% más pobre (Grecia, 6,6; Portugal, 5,8; Italia, 5,5; Reino Unido, 5,4; y<br />
Alemania, 4,3). Los salarios han caído el 14,8% entre 2010-2012 y el índice de Gini ha pasado del<br />
31,9% al 35% entre 2007 y 2012 (Informe de Economistas Frente a la Crisis para la Fundación<br />
Friederich Elbert). Además, el Informe de Cáritas de 2014 apunta que el riesgo de pobreza alcanza<br />
al 29,9% entre los menores de 18 años. Y el Informe Foessa 2014 añade que cinco millones de<br />
personas están en situación de exclusión severa y la tasa de desempleo juvenil alcanza el 53%. Las<br />
rentas altas recuperaban su fortuna en 2014 (El País, 16 de junio de 2014, sobre el patrimonio de<br />
las Sicav), mientras que, entre 2007 y 2011, los ingresos de la población más pobre caen 7,5 veces<br />
más que la renta del 10% más rico (datos de la OCDE, en El País, 20 de junio de 2014).<br />
La Bolsa está en máximos y los beneficios repartidos previstos por las grandes empresas en<br />
2014 (30.000 millones de euros) equivalen al gasto presupuestado en desempleo, es del mismo<br />
orden del pago por intereses de la deuda pública o supone el 65% del gasto en educación<br />
(Infolibre, 21 de septiembre de 2014).