LA GRAN ENCRUCIJADA

Hacia una política de lo común. María Eugenia Rodríguez Palop | 279
Visto así, defender lo común exige superar los (pseudo)problemas de la acción
colectiva que representa la tragedia de los comunes (Garret Hardin), el dilema
del prisionero o la lógica de la acción colectiva (Mancur Olson), en la que el free
rider es el sujeto más racional, inteligente y admirable.
Como señalan Laval y Dardot en Común 2 , lo común es político porque surge
de la participación en una misma actividad o tarea; depende de una actividad
sostenida y continua de puesta en común. Y, de hecho, es esa actividad compartida
la que funda la comunidad y no a la inversa, de modo que la pertenencia es la
consecuencia y no la causa de la participación. Participar en la deliberación sobre
lo común es lo que decide la pertenencia efectiva a una determinada comunidad.
En definitiva, puede decirse que lo común es político (en un sentido amplio)
porque consiste en introducir el autogobierno (que no es solo autogestión) en
todos los ámbitos de la vida, considerando siempre, por supuesto, los límites y las
reglas que cada comunidad convenga, y de acuerdo con un principio democrático
federativo de base cooperativa.
Una política de lo común: democracia, justicia social y autogobierno
Precisamente porque lo común es político, tanto su definición como su gestión
exigen una ampliación del espacio público orientada a fomentar la participación, la
deliberación, la distribución y la cohesión social; una articulación social y política
que se apoye tanto en la distribución de la riqueza y el poder como en el empoderamiento
ciudadano y el autogobierno. Es decir, un sistema político basado en la
libertad como no dominación, ya sea en sentido horizontal –justicia social–, ya en
sentido vertical –democratización, descentralización y autogobierno.
En fin, puede decirse que la política de lo común se apoya en tres ejes interdependientes:
la profundización democrática, la justicia social y el autogobierno.
1. La profundización democrática consiste en facilitar el diálogo y la interacción
entre la política institucionalizada y la no institucionalizada (movimientos
sociales, asociaciones y comunidades autogestionadas) evitando, en todo caso,
la “expertocracia” corrupta (la existencia de lobbies y órganos tecnocráticos
aparentemente imparciales, a los que se considera representativos, pero que
solo potencian el corporativismo).
Evidentemente, esta deliberación solo puede articularse en el seno de procedimientos
democráticos depurados que aseguren la imparcialidad y una
participación relevante. La fidelidad a tales procedimientos e instituciones
(acordados también democráticamente) no ha de servir, por supuesto, para
garantizar el inmovilismo, sino precisamente para lo contrario: para cuestionar
los consensos alcanzados y canalizar el descontento.
La democracia de lo común se apoya en una ciudadanía activa, exigente,
nerviosa, educada en virtudes cívicas y en deberes de civilidad e identificada
racionalmente con la política de lo común. Porque cuando cada uno de
2. Común. Ensayo sobre la revolución en el siglo XXI, Gedisa, Barcelona, 2015.