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196 | <strong>LA</strong> <strong>GRAN</strong> <strong>ENCRUCIJADA</strong>.Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico<br />
construcción, y otras prácticas sociales que poco a poco dejen en suspenso el<br />
sentido común al uso hasta su completa transformación.<br />
• El calado de la crisis ecológica que afrontamos exige un giro de 180° en<br />
el modo de tratar los asuntos públicos, así como en la forma de hacer<br />
política y de tomar las decisiones.<br />
Se precisa una Estrategia-País y planes de acción integrales impulsados en<br />
primera instancia desde el Estado, pero que deberían empapar y hacer copartícipe<br />
a toda la sociedad. Ese plan integral habría de entrelazar las medidas de<br />
carácter ecológico con las sociales, siendo las medidas económicas subsidiarias<br />
de ambas. La construcción y supervisión colectiva del proceso sería parte integral<br />
e imprescindible de la transición, al tiempo que lo legitimaría y actuaría<br />
como mecanismo de rendición de cuentas.<br />
Resulta esencial una profunda revisión de los marcos políticos institucionales y<br />
del sistema democrático, ampliando los restringidos cauces electoralistas para<br />
dar cabida a la ciudadanía en procesos de deliberación y decisión en los asuntos<br />
que incumben a toda la ciudadanía. En esencia, se trataría de impulsar nuevas<br />
reglas del juego de la acción política que facilitaran la aparición de una ciudadanía<br />
ecológica en las líneas avanzadas por Andrew Dobson y Ángel Valencia 370 .<br />
La función pública debería recuperar su sentido de servicio a la ciudadanía,<br />
incorporando las correspondientes limitaciones (como límites en la duración<br />
y retribución de los cargos públicos o restricciones en la reincorporación al<br />
ejercicio profesional para evitar las “puertas giratorias”). Se facilitarían cauces<br />
de participación ciudadana en los distintos niveles administrativos y se favorecerían<br />
en lo posible instrumentos de democracia directa (desde referéndums,<br />
Iniciativas Legislativas Populares, consultas ciudadanas, rotación de cargos,<br />
hasta los consejos populares).<br />
La incorporación de criterios ecológicos y sociales, democráticos y de control<br />
social en la vida pública debería alcanzar a otras instituciones políticas, como<br />
partidos, sindicatos y plataformas y agrupaciones ciudadanas.<br />
En el contexto de las transiciones es de especial importancia prestar atención a<br />
los bienes públicos y de interés general, así como a los bienes comunes entendidos<br />
en un sentido amplio, acorde a las nuevas circunstancias de crisis ecológica<br />
abordada con criterios de justicia. Esto supone que junto a los recursos naturales<br />
y los servicios de los ecosistemas sería necesario extender la noción de<br />
bienes comunes y de interés general a sectores claves para el funcionamiento<br />
de sociedades complejas, como son el sector energético, el de comunicaciones<br />
–incluido Internet–, el sistema bancario, los servicios sociales básicos, la<br />
investigación científica y los medicamentos.<br />
Debería garantizarse el acceso y control de la ciudadanía a niveles suficientes de<br />
estos bienes con criterios de sostenibilidad, equidad y justicia, independientemen-<br />
370. Véase A. Dobson (2011), “La ciudadanía y el desafío ecológico”, Universidad Autónoma<br />
de Madrid, working paper 130; A. Dobson (2005), “Ciudadanía ecológica”, Isegoría, 32; Á.<br />
Valencia et al. (2010), op. cit.; y Á. Valencia (2009), “El reto de la ciudadanía ante la crisis<br />
ecológica”, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 105, Fuhem.