LA GRAN ENCRUCIJADA

196 | LA GRAN ENCRUCIJADA.Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico
construcción, y otras prácticas sociales que poco a poco dejen en suspenso el
sentido común al uso hasta su completa transformación.
• El calado de la crisis ecológica que afrontamos exige un giro de 180° en
el modo de tratar los asuntos públicos, así como en la forma de hacer
política y de tomar las decisiones.
Se precisa una Estrategia-País y planes de acción integrales impulsados en
primera instancia desde el Estado, pero que deberían empapar y hacer copartícipe
a toda la sociedad. Ese plan integral habría de entrelazar las medidas de
carácter ecológico con las sociales, siendo las medidas económicas subsidiarias
de ambas. La construcción y supervisión colectiva del proceso sería parte integral
e imprescindible de la transición, al tiempo que lo legitimaría y actuaría
como mecanismo de rendición de cuentas.
Resulta esencial una profunda revisión de los marcos políticos institucionales y
del sistema democrático, ampliando los restringidos cauces electoralistas para
dar cabida a la ciudadanía en procesos de deliberación y decisión en los asuntos
que incumben a toda la ciudadanía. En esencia, se trataría de impulsar nuevas
reglas del juego de la acción política que facilitaran la aparición de una ciudadanía
ecológica en las líneas avanzadas por Andrew Dobson y Ángel Valencia 370 .
La función pública debería recuperar su sentido de servicio a la ciudadanía,
incorporando las correspondientes limitaciones (como límites en la duración
y retribución de los cargos públicos o restricciones en la reincorporación al
ejercicio profesional para evitar las “puertas giratorias”). Se facilitarían cauces
de participación ciudadana en los distintos niveles administrativos y se favorecerían
en lo posible instrumentos de democracia directa (desde referéndums,
Iniciativas Legislativas Populares, consultas ciudadanas, rotación de cargos,
hasta los consejos populares).
La incorporación de criterios ecológicos y sociales, democráticos y de control
social en la vida pública debería alcanzar a otras instituciones políticas, como
partidos, sindicatos y plataformas y agrupaciones ciudadanas.
En el contexto de las transiciones es de especial importancia prestar atención a
los bienes públicos y de interés general, así como a los bienes comunes entendidos
en un sentido amplio, acorde a las nuevas circunstancias de crisis ecológica
abordada con criterios de justicia. Esto supone que junto a los recursos naturales
y los servicios de los ecosistemas sería necesario extender la noción de
bienes comunes y de interés general a sectores claves para el funcionamiento
de sociedades complejas, como son el sector energético, el de comunicaciones
–incluido Internet–, el sistema bancario, los servicios sociales básicos, la
investigación científica y los medicamentos.
Debería garantizarse el acceso y control de la ciudadanía a niveles suficientes de
estos bienes con criterios de sostenibilidad, equidad y justicia, independientemen-
370. Véase A. Dobson (2011), “La ciudadanía y el desafío ecológico”, Universidad Autónoma
de Madrid, working paper 130; A. Dobson (2005), “Ciudadanía ecológica”, Isegoría, 32; Á.
Valencia et al. (2010), op. cit.; y Á. Valencia (2009), “El reto de la ciudadanía ante la crisis
ecológica”, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 105, Fuhem.