Junio 2016, Libro "Estudios de Desarrollo Regional de México".

• Estandarizar los procesos de seguimiento y archivo de información de los sujetos
obligados, a fin de mejorar el cumplimiento de las resoluciones.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gran evolución tuvo este derecho humano el 4 de mayo del 2015, se publicó en el DOF el
decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
De acuerdo a Guillén (2015), un punto a destacar de esta Ley, es la unidad que se da
al sistema en su conjunto al tener una y sólo una plataforma que incluya a todos los sujetos
obligados, tal como se lee en el artículo 52 de la nueva Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública:
Art. 52 El Sistema Nacional establecerá las medidas necesarias para garantizar la
estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos
y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios.
Esta unificación propiciará, una vez realizada, la simplificación al usuario para
solicitar información de los sujetos obligados bajo una misma plataforma y con
una sola clave de acceso y contraseña; lograr esto será un reto interesante, pero
sus resultados serán beneficiosos. [...] también unifica los principios, criterios y
funcionamiento del sistema en su conjunto, no sólo a los entes del gobierno federal,
sino también a los locales y a los municipales y demás sujetos obligados.
(Guillén, 2015)
[...] la nueva ley especifica como sujetos obligados a cualquier entidad, órgano,
organismo de los tres poderes federales, organismos constitucionales autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, entidades
federativas y municipios. (Guillén, 2015)
Una característica esencial de la reforma es que pretende dar unidad a la materia
de transparencia mediante la creación de todo un Sistema Nacional de Transparencia,
integrado entre otros, por el Instituto Nacional de Acceso a la Información
Pública y los órganos garantes de las entidades federativas (organismos constitucionales
autónomos por disposición legal), que será el encargado de dar unidad
y coherencia en la interpretación de la normativa en materia de transparencia y
acceso a la información. (Guillén, 2015)
Capítulo 6
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