Junio 2016, Libro "Estudios de Desarrollo Regional de México".

Aparejadamente, las reformas y adiciones estructurales en materia de los derechos
humanos de 2011 en México incorporan los contenidos normativos de los tratados internacionales,
los cuales son trasladados al artículo primero para adquirir un valor sustantivo
de garantía y un modelo de vinculación de la función de los jueces mexicanos, acomodando
el panorama del control difuso constitucionalidad/convencionalidad.
El “Control difuso de la convencionalidad” constituye un nuevo paradigma que
deben ejercer todos los jueces mexicanos. Consiste en el examen de compatibilidad
que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales y la Convención
Americana de Derechos Humanos (CADH), sus protocolos adicionales, y la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), único
órgano jurisdicción interamericano de protección de los derechos humanos que
interpreta de manera “última” y “definitiva” el Pacto de San José. (Ferrer, 2012,
p. 340)
Así, el debido proceso a que se refieren los instrumentos internacionales, es aplicable
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, en el caso concreto a los procesos
de verificación del estatus migratorio de los migrantes indocumentados en tránsito
por el territorio nacional, ya que el debido proceso se refiere a los pasos que la ley impone
a los procesos judiciales y administrativos, respecto a las formalidades propias de cada
juicio o procedimiento, que están contenidas en los principios en que se fundan, el tipo de
intereses en conflicto, y la calidad de los funcionarios encargados de resolver.
Al abrirse la posibilidad de reconocer los derechos humanos de los migrantes, sin
menoscabo de su estatus de ciudadanía, se abre paso, en términos del debido proceso, tener
acceso a la justicia, no sólo en el campo penal, rebasado sobre todo el concepto de la
criminalización de la migración, sino también en el administrativo: "Asimismo, para aquellos
trámites o procesos de índole no penal a que pueda verse sometido un trabajador migratorio
debe regir un cierto quantum del debido proceso" (Díaz, 2005, p. 225).
En lo que se refiere a los tratados internacionales suscritos por México en materia
migratoria, más allá de lo cuantitativo, cualitativamente en ellos se reconocen los derechos
que les asisten a los extranjeros dentro del territorio nacional, como los derechos de los
nacionales en países extranjeros.
Adquiere notoria relevancia referir el informe rendido ante la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, respecto a las detenciones arbitrarias en contra de migrantes
indocumentados, realizadas por las autoridades migratorias mexicanas, donde se pone de
manifiesto la violación al derecho del debido proceso de migrantes con situación legal irregular,
dicho informe dice:
El tema de la libertad de tránsito y su vulneración a través de detenciones arbitrarias
en México ha sido objeto de un interesante informe rendido ante la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU; se trata del "Informe del Grupo de Trabajo sobre
120 Estudios de desarrollo regional en México