Junio 2016, Libro "Estudios de Desarrollo Regional de México".

del Estado, las garantías constitucionales y en definitiva la plena eficacia del derecho.
(Campbell, 2004, p. 158)
Ahora bien, Sarazá (2008) considera que:
La protección de los derechos fundamentales, asegurada por la constitución y desarrollada
por la ley, corresponde, tanto al juez ordinario como al constitucional,
pues tanto el uno como el otro están vinculados por esos derechos y sujetos a la
aplicación de la Constitución. Así pues, no pueden separarse esos planos como si
fueran compartimentos, estancos y encomendar la tutela de la Constitución a un
juez y la de la ley a otro, pretendiendo que actúen de modo separado y sin ningún
tipo de contacto. Todos, por el contrario, participan en el único sistema de garantía
de derechos reconocidos por la norma fundamental. Por eso mismo, porque se
trata de un sistema único, dentro de la unidad del ordenamiento jurídico, hace
falta encomendar a alguien la última palabra. En materia de interpretación de la
Constitución y, especialmente, en el ámbito de las garantías constitucionales, la
última palabra la tiene en España el Tribunal Constitucional.
Definido así el debido proceso como un derecho fundamental, la pretensión de su
acceso para el justiciable se justifica y extiende a la condición de persona, desde esta concepción
universalista, no es relevante la condición migratoria del ser humano en la posibilidad,
aspiración y pretensión de su eficacia como derecho subjetivo, por lo que no puede
operar ni como elemento de exclusión o discriminación, sino como un referente de inmediata
protección precisamente en atención a la situación de vulnerabilidad de la población
en tránsito, que responde a un ejercicio de libertad, dado que migrar es por sí mismo un
derecho y "está estrechamente relacionado con otros, como el de libre circulación, libertad personal,
y el acceso a los derechos económicos y sociales" (Suprema Corte de Justicia de la Nación,
2013, p. 36).
La problemática y regulación en México
El fenómeno migratorio lo encontramos en todos los países del orbe ya sean de origen, de
tránsito o destino de personas migrantes, situación que exige que en todas las naciones se
regule normativamente la migración y con ella se den cumplimiento a los compromisos
internacionales referidos a la protección de las personas migrantes regulares o irregulares,
principalmente el compromiso de crear leyes que permitan a los migrantes extranjeros
acceder a la justicia, normas jurídicas que permitan además el ejercicio efectivo del debido
proceso en los procedimientos migratorios.
El fenómeno migratorio se encuentra inmerso en la globalización, en México la
Ley de Migración y su Reglamento contemplan un procedimiento para definir la situación
legal de las personas que entran al país en forma indocumentada, al que se le denomina
procedimiento administrativo migratorio. Al cual, incorrectamente dicha ley y reglamento
Capítulo 7
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