Junio 2016, Libro "Estudios de Desarrollo Regional de México".

Y continúa el cuerpo argumentativo del precedente estableciendo que:
Así, los avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma
que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de
origen nacional e internacional; las interpreten en el sentido de maximizar la protección
de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección
internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados
en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. (SCJN, 2015)
Conclusiones
Las reformas estructurales en el sistema jurídico y constitucional mexicano han planteado
un cambio sistémico, y responde a toda una construcción teórica de los derechos humanos,
fundamentales y sus garantías; donde prima como sustancia del sistema la dignidad
del ser humano, la igualdad, los principios de los derechos humanos, de universalidad,
indivisibilidad, interdependencia, progresividad y, por tanto de no regresión; pero más
allá de una reducción a aspectos de nomenclatura, del tránsito de garantías individuales a
derechos humanos y sus garantías; el capítulo primero constitucional acoge en el ámbito
más protector metodologías de interpretación conforme, pro persona, y crea un bloque
de constitucionalidad y convencionalidad, incluso con un control difuso, y puede decirse
por tanto transversal para toda autoridad implicada en los procesos de detención de los
migrantes, y por tanto, obligando a respetar los derechos fundamentales en materia de
debido proceso.
Bajo el razonamiento de que la persona migrante, extranjera, y en tránsito por México,
antes que extranjera, tiene la calidad de persona y con ese carácter se hace titular de
todos los derechos contenidos en la Constitución Mexicana y en los Tratados Internacionales
firmados por México, con la sola limitación del derecho al libre tránsito. Entre estos
derechos, de los cuales es titular el extranjero, destaca el derecho a la tutela judicial efectiva
y al debido proceso, que garantizan que toda persona desde el momento de su detención
debe ser puesta a disposición de una autoridad judicial.
Por lo tanto, conforme a este principio, cuando una persona migrante indocumentada
es detectada (privada de su libertad) para ser sujeta a un procedimiento especial, distinto
del que exige el debido proceso, como es el procedimiento de verificación migratoria,
se le está discriminando por su condición de extranjera indocumentada, violentando en su
perjuicio el artículo primero constitucional, y ligado a ello el bloque de constitucionalidad
y convencionalidad.
El debido proceso como derecho fundamental, en su núcleo integra las garantías
mínimas a favor de las personas, que exigen: la existencia de una autoridad judicial imparcial,
que ésta dicte una resolución conforme a derecho, y que exista una autoridad jerárquicamente
superior a la que dictó la sentencia o resolución, para confirmarla, revocarla o
modificarla.
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