Junio 2016, Libro "Estudios de Desarrollo Regional de México".

convenciones celebrados y aceptados por los diversos países del mundo para garantizar el
derecho fundamental a la justicia.
No existe una definición uniforme del debido proceso a nivel universal, las diversas
constituciones de los países contienen el debido proceso legal como una garantía en el
aspecto judicial, estableciendo esta figura jurídica con menor o mayor extensión de elementos
normativos protectores de los derechos humanos fundamentales.
De acuerdo a Torres (2011), la garantía del debido proceso ha sido incorporada,
en forma más o menos explícita a la mayor parte de estados constitucionales modernos;
además fue incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por
la Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuyo artículo 8 se establece
que:
Toda persona tiene un recurso para ante los tribunales competentes que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la constitución
o por la ley. (ONU, 1948)
Este principio se complementa con el artículo 10, en el que se preceptúa que:
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación
de sus derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación
contra ella en materia penal. (ONU, 1948)
Concatenadamente, el artículo 11 del mismo instrumento internacional, lo prevé
para el ámbito penal, al establecer que:
Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y
pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos y de acuerdo con
leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.
(ONU, 1948)
Por otro lado, el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales (Roma, 1950) incorporó el debido proceso al señalar que
todos tenemos derecho a que nuestra causa sea oída ante tribunales imparciales de forma
pública y en un plazo razonable. Con el principio de presunción de inocencia y con el derecho
de ser informados de las acusaciones en nuestra contra, el derecho a la defensa y a
la asistencia de un intérprete cuando no se hable la lengua del tribunal.
También el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966), que
entró en vigencia en 1976 en México, en su artículo 14 describe en 7 numerales, in extenso,
dicho derecho, en sus vertientes fundamentales, al señalar que todas las personas son
iguales ante los tribunales, teniendo derecho a ser oídas con las debidas garantías por un
Capítulo 7
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