Junio 2016, Libro "Estudios de Desarrollo Regional de México".

equiparan al debido proceso, creando la falsa percepción de que las personas migrantes
están protegidas por éste.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003) establece que la política
migratoria son todos aquellos actos, incluidas las leyes, decretos, resoluciones, directrices
y demás actos administrativos que versan sobre la entrada, salida o permanencia de la población
extranjera dentro el territorio.
La misma Corte IDH establece que para que exista debido proceso legal es preciso
que las personas puedan "hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y
en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables"(Corte IDH, 2015, p. 45).
El procedimiento administrativo migratorio en México, por su propia naturaleza no
incorpora los elementos del debido proceso, no hay autoridad imparcial, la resolución que
se pronuncia no es revisada por un superior jerárquico, no existe igualdad procesal de las
partes ya que la autoridad migratoria detiene a los migrantes indocumentados, se los presenta
ella misma, admite, califica y desahoga las pruebas de los migrantes y hace lo mismo
con las pruebas ofrecidas por ella misma, al grado, de que al resolver el procedimiento si
existe alguna inconformidad ella misma la resuelve.
Ni la ley de migración ni su reglamento señalan específicamente quien o quienes de
las autoridades migratorias tienen facultades para realizar acciones de control, verificación
y revisión migratoria, así como la sustanciación de los procedimientos administrativos
migratorios; siendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación, leyes no migratorias, las que señalan los órganos
facultados para sustanciar y resolver los procedimientos migratorios. Por lo tanto, se deja a
los migrantes sujetos a un procedimiento en completo estado de indefensión al no darles
a conocer cuáles son las autoridades facultadas para sustanciar dicho procedimiento, se
limitan a informarles que es el Instituto Nacional de Migración (INM).
Las personas migrantes en tránsito por el territorio nacional, son detectadas por
el INM, tal detección actualiza la privación de la libertad de la persona, y la autoridad migratoria
se la presenta a sí misma, procediendo a su alojamiento en sus instalaciones en
un plazo de 15 días para resolver su situación migratoria; lo anterior en contravención del
artículo 21 Constitucional que otorga competencia a las autoridades administrativas para
llevar a cabo arrestos hasta por 36 horas.
El debido proceso en la normativa internacional
En el panorama internacional el debido proceso lo encontramos en constante revisión,
desde el discurso normativo hasta la experiencia interpretativa y jurisprudencial en los
tribunales internacionales.
Del análisis de la temática de García (2004), en su obra Panorama del proceso penal,
no se pone en duda que históricamente el origen del debido proceso legal está en el
derecho inglés, pero en la actualidad reconocemos estar ante la presencia de un nuevo
paradigma del debido proceso como seguridad jurídica de las personas, que precisa contar
con garantías procesales accesibles para proteger los derechos contenidos en los tratados y
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