Junio 2016, Libro "Estudios de Desarrollo Regional de México".

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Y continúa el cuerpo argumentativo del precedente estableciendo que: Así, los avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten en el sentido de maximizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. (SCJN, 2015) Conclusiones Las reformas estructurales en el sistema jurídico y constitucional mexicano han planteado un cambio sistémico, y responde a toda una construcción teórica de los derechos humanos, fundamentales y sus garantías; donde prima como sustancia del sistema la dignidad del ser humano, la igualdad, los principios de los derechos humanos, de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad y, por tanto de no regresión; pero más allá de una reducción a aspectos de nomenclatura, del tránsito de garantías individuales a derechos humanos y sus garantías; el capítulo primero constitucional acoge en el ámbito más protector metodologías de interpretación conforme, pro persona, y crea un bloque de constitucionalidad y convencionalidad, incluso con un control difuso, y puede decirse por tanto transversal para toda autoridad implicada en los procesos de detención de los migrantes, y por tanto, obligando a respetar los derechos fundamentales en materia de debido proceso. Bajo el razonamiento de que la persona migrante, extranjera, y en tránsito por México, antes que extranjera, tiene la calidad de persona y con ese carácter se hace titular de todos los derechos contenidos en la Constitución Mexicana y en los Tratados Internacionales firmados por México, con la sola limitación del derecho al libre tránsito. Entre estos derechos, de los cuales es titular el extranjero, destaca el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, que garantizan que toda persona desde el momento de su detención debe ser puesta a disposición de una autoridad judicial. Por lo tanto, conforme a este principio, cuando una persona migrante indocumentada es detectada (privada de su libertad) para ser sujeta a un procedimiento especial, distinto del que exige el debido proceso, como es el procedimiento de verificación migratoria, se le está discriminando por su condición de extranjera indocumentada, violentando en su perjuicio el artículo primero constitucional, y ligado a ello el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. El debido proceso como derecho fundamental, en su núcleo integra las garantías mínimas a favor de las personas, que exigen: la existencia de una autoridad judicial imparcial, que ésta dicte una resolución conforme a derecho, y que exista una autoridad jerárquicamente superior a la que dictó la sentencia o resolución, para confirmarla, revocarla o modificarla. 122 Estudios de desarrollo regional en México
Conforme a estas exigencias, todo procedimiento —como es el caso del procedimiento administrativo de verificación migratoria— que no respete las exigencias esenciales que caracterizan el debido proceso, será sólo un “debido procedimiento”. El debido proceso permite asegurar a las personas, que sus derechos serán respetados en todo proceso y procedimiento, haciendo, de esta manera efectiva la posibilidad jurídica de proteger la “sustancia” de la Constitución, es decir, la protección efectiva de los derechos fundamentales contenidos en la ley fundamental. Capítulo 7 123
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