Ayotzinapa

Análisis de la investigación del caso Ayotzinapa
Introducción
El Acuerdo de Asistencia Técnica Internacional del 12 de noviembre 2014 suscrito entre
la CIDH, el Estado mexicano y los solicitantes de las Medidas Cautelares 409-2014,
establece que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizará
una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano a raíz de la
desaparición de los normalistas durante los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala,
Guerrero. Entre las atribuciones del GIEI está la de “Analizar si en la investigación se
están agotando correctamente todas la líneas de investigación, particularmente los
vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales, empleando las figuras
legales adecuadas para el encuadre de los delitos y las responsabilidades” (Punto 6.1).
Este análisis se realizó conforme a los “más altos estándares internacionales y a las
mejores prácticas regionales”, emanados de los Convenios en materia de derechos
humanos suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, especialmente la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional
para la protección de todas las personas contra las desapariciones, las recomendaciones
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y del Comité sobre Desaparición
Forzada de Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Trasnacional, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, en adelante Protocolo de Minnesota.
Para el desarrollo de su mandato, la primera labor que realizó el Grupo consistió en
la lectura exhaustiva de los entonces 86 tomos del expediente. De ese análisis advirtió
las líneas e hipótesis de investigación dominantes, así como quiénes eran señalados
como presuntos responsables. Inicialmente la competencia de investigar correspondió
a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y posteriormente a la
Procuraduría General de la República.
A medida que se avanzó en la lectura de los tomos inicialmente existentes, y los
subsiguientes en que se amplió la investigación hasta julio de 2015, empezó a detectar
que varías de las líneas de investigación que los mismos medios probatorios sugerían,
no fueron indagadas por la Procuraduría, y propuso, en ejercicio del mandato y de la
coadyuvancia, muy diversos medios de prueba, toma de declaraciones, recogida de
pruebas y peritajes que permitían investigar otras líneas relevantes para el caso, las cuales
se detallan en este apartado.
A continuación se describen los principales hallazgos de este análisis y las recomendaciones
efectuadas “para garantizar que la investigación se agote”, como señala el punto 6.2 del
Acuerdo.
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