Ayotzinapa

Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones
En su recomendación sobre este caso, emitida en marzo de 2012, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos hace un recuento de hechos, reconoce que hubo criminalización de
la protesta social, un uso excesivo de fuerza y de armas, violaciones graves de derechos
humanos y atención inadecuada de las víctimas, entre otros. Como parte de su revisión
de los hechos, la CNDH constató el deterioro y la falta de higiene de las instalaciones
comunes de la escuela, cuya condición impedía el ejercicio efectivo de los derechos a la
educación, salud, vivienda y desarrollo de quienes ahí conviven, lo que daba sentido a las
demandas de los estudiantes hacia el gobierno estatal.
Por estos hechos, el organismo recomendó indemnizar y dar la atención necesaria a las
víctimas; formar en derechos humanos a los responsables de garantizar la seguridad en el
Estado; dar una disculpa pública a las víctimas; instrumentar un programa emergente para
atender las necesidades de la normal rural, entre otros 6 .
Los días 11 y 12 de noviembre de 2013, en dos incidentes distintos, los normalistas
también fueron atacados por policías de Guerrero. Según informaciones de prensa, el 11
de noviembre, los normalistas fueron golpeados por policías estatales, bajo las órdenes
del entonces secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Javier Lara Montellanos, y para
evitar que tomaran autobuses, los policías se quedaron cerca de la estación de Iguala 7 . Los
normalistas respondieron a las agresiones con pedradas.
Al día siguiente, 12 de noviembre de 2013, alrededor de 200 policías antimotines
dispersaron a jóvenes normalistas en las afueras de Chilpancingo para evitar que se
llevaran camiones de pasajeros. Para ello, también utilizaron gases lacrimógenos, lo que
afectó a los alumnos de un jardín de niños ubicado a 50 metros de los hechos. Varios
normalistas fueron afectados también por gases y golpes 8 . Los policías antimotines
permanecieron varias horas más en zonas cercanas a la central de autobuses.
Ese mismo día, 13 de noviembre, los medios locales de Guerrero difundieron que la
Procuraduría General de Justicia del Estado, dirigida entonces por Iñaki Blanco, inició
diversas averiguaciones previas contra alrededor de 50 estudiantes de Ayotzinapa por los
delitos de ataques a las vías generales de comunicación, robo, daños y otros, por lo que
de estudiantes aumentara de 140 a 170 lugares; discutir el reinicio de clases, suspendidas
desde principios de noviembre; pedir que se incrementara de 35 a 50 pesos el recurso para
alimentación diaria por estudiante; reacondicionar las deterioradas instalaciones de la normal y
garantizar el acceso al trabajo magisterial para los egresados. Nava Gallegos César, “La estirpe
insumisa del normalismo rural”, en El Cotidiano 189, enero-febrero de 2015.
6 Recomendación de la CNDH núm. 1 VG/2012, del 27 de marzo de 2012.
7 Ramírez Rosalba y Chávez Lourdes, “Embisten antimotines y tiran gases a alumnos de Ayotzinapa
en la terminal de autobuses”, El Sur, 13 de noviembre de 2013.
8 Ídem.
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