Ayotzinapa

La experiencia de los familiares y víctimas
Estos problemas no pueden ocultar que, en el trabajo con las víctimas, la responsabilidad
para generar condiciones de confianza está del lado del Estado. El Estado es responsable
no sólo de llevar a cabo políticas y prácticas de investigación y de justicia, sino que para
ello tiene que generar una actitud de colaboración con las víctimas y dar muestras de
credibilidad frente a un clima instalado de distancia y desapego frente a las instituciones.
Romper ese clima y distancia, que tiene probablemente raíces históricas muy profundas
y prácticas en el modo de actuar de ciertas élites políticas o condiciones estructurales
de pobreza y exclusión social, es una condición básica de la democracia. En el caso
Ayotzinapa, dichas fracturas de la confianza se han dado en los diferentes ámbitos del
mandato del GIEI, la búsqueda, la investigación y la atención a las víctimas.
Como se ha señalado, la evaluación de las búsquedas como superficiales y poco operativas
ha profundizado la creencia de que el Estado no tiene interés. Del lado del Estado, la
difusión de una verdad histórica sin el suficiente contraste de las informaciones y pruebas,
supuso una mayor distancia frente a las víctimas. Como dos mundos con visiones e
historias diferentes, sin posibilidad de conexión alguna.
Respecto a la investigación, resolver los numerosos problemas encontrados, la pérdida de
pruebas, la falta de detención de personas inculpadas muy significativas, la reproducción
de dificultades históricas o prácticas frecuentes en el país como el uso de la confesión
como base de la investigación y las frecuentes denuncias de malos tratos asociados a
ello, la fragmentación de la investigación y la falta de resultados concretos en dicha
investigación a casi un año de los hechos, al margen de las numerosas consignaciones
llevadas a cabo, suponen un elemento central del proceso de restituir confianza en el que
el Estado, especialmente a través de las instituciones que tienen la obligación de impartir
justicia como la PGR y jueces, con el cumplimiento efectivo de la ley y la investigación y
condena por graves crímenes contra los derechos humanos como la desaparición forzada.
Por último, respecto a la atención a las víctimas, también el GIEI ha podido constatar la
falta de confianza en la atención o el compromiso de las instituciones. Por una parte, las
diferencias entre los mecanismos de atención del estado de Guerrero y de las autoridades
federales; la fragmentación de la atención en sus derechos entre diferentes instancias
como la CEAV, Segob, CNDH, y sus instancias de los diferentes niveles, estatal y
nacional; la puesta en marcha de una ley de víctimas que se ha confrontado con la falta
de coordinación de instancias o la existencia de una política amplia de atención frente
al enorme volumen de víctimas en el país, con un rodaje insuficiente que permita llevar
a cabo una respuesta positiva. Si bien en algunos casos esta atención especialmente la
médica en el caso de varios de los heridos graves ha sido satisfactoria por parte de los
servicios de salud, la atención a las víctimas ha estado desde el inicio del caso marcada
por la desconfianza respecto el compromiso o la intención del Estado.
Por ejemplo, muchas víctimas han rechazado ayudas económicas a las que tendrían
derecho, asumiendo que ello supondría una capacidad de condicionar su discurso o sus
reivindicaciones. En otros casos, los intentos de ofrecer recursos económicos se han
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