Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

por autoridades administrativas y judiciales, incluyendo sentencias de la Corte Constitucional,
que es una práctica extendida entre autoridades judiciales, fiscales y el propio INPEC la
utilización de tales centros de detención transitoria para albergar personas sindicadas y
condenadas. Además de violar las normas legales vigentes 26 , ello ha dado lugar en dichos
centros a una situación generalizada de gravísimas violaciones de los derechos humanos, ya
que los mismos no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para albergar a dicha
población, cercana a 5.000 personas en todo el país 27 , cifra que no figura en las estadísticas del
INPEC a pesar de que la privación de libertad de dichas personas es su responsabilidad.
44. La Misión tuvo oportunidad de comprobar que durante largos períodos de tiempo (hasta
dos años), en algunas estaciones de policía y en las salas de otros centros provisionales de
retención, permanecían detenidas personas privadas de libertad sindicadas y condenadas, sin
poder disfrutar de derechos básicos como atención médica, alimentación adecuada, separación
por categorías, defensa jurídica, recreación y acceso al sol, visitas familiares y un recurso
efectivo ante la ley para hacer valer sus derechos. Los delegados de la Misión constataron
asimismo que en algunas estaciones y salas de otros centros provisionales de retención el
índice de hacinamiento equivalía hasta el 800 % de las plazas disponibles, verificaron en esos
mismos sitios la presencia de niños y niñas privados de la libertad junto con adultos (hombres
y mujeres) 28 y examinaron las evidencias físicas de sendas golpizas propinadas presuntamente
por los agentes policiales, trato que aparentemente con frecuencia aguarda a los detenidos que
osan reclamar por sus derechos y respecto del cual los responsables parecen gozar de total
impunidad pues la Misión no conoció caso alguno de sanción contra agentes responsables de
tales hechos.
45. Las anteriores circunstancias constituyen una situación de violaciones graves, sistemáticas
y generalizadas de derechos humanos y equivale al total incumplimiento de la sentencia T-847
de julio 2000 de la Corte Constitucional. Esa corporación se encontró en aquel entonces con
condiciones similares a las observadas ahora por la Misión y ordenó el traslado a centros
carcelarios y penitenciarios, en un pla zo máximo de 10 días, de todas las personas sindicadas y
condenadas recluidas en estaciones de policía y salas de retenidos del DAS, DIJIN, CIJIN y
CTI, así como también ordenó la investigación y sanción de los funcionarios responsables de
estos hechos. La Misión pudo constatar no solo el total incumplimiento de dicha sentencia,
26 Artículo 28 de la Carta Política, la cual establece que en dichos centros ninguna persona debe permanecer más
de 36 horas, y donde no debería estar ningún sindicado o condenado.
27 General Jorge Linares Méndez, Comandante del Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá, entrevista
con la delegación, Bogotá, 5 de octubre de 2001.
28 En una de las celdas de la VIII Comisaría del Distrito de Kennedy (Bogotá), visitada los días 5 y 17 de octubre
de 2001, la delegación comprobó la presencia de varios menores de edad, niños y niñas, encerrados con adultos,
hombres y mujeres, en una celda de aproximadamente seis (6) metros cuadrados con pésimas condiciones de
salubridad, sin acceso al patio ni atención médica. La delegación notó además con grave preocupación que varios
de los menores llevaban semanas de permanencia en dicho recinto, a pesar de denuncias sobre esta situación
presentadas oportunamente ante autoridades responsables. En esa misma comisaría, la delegación entrevistó a dos
hombres que fueron brutalmente golpeados por los oficiales de custodia en represalia por demandar
pacíficamente mejores condiciones de detención. Ambos presentaban secuelas físicas compatibles con su
denuncia. En la sala de retenidos de la estación de policía de Girardot en Bogotá, que la delegación visitó el 17 de
octubre de 2001, había 160 mujeres y hombres privados de la libertad (25 condenados y 135 sindicados),
hacinados en un espacio previsto para un cupo máximo de 40 personas y bajo condiciones de detención
espantosas, incluyendo la infestación con insectos. La delegación notó asimismo que una de las mujeres privadas
de la libertad estaba en estado puerperal y sin acceso a su bebé recién nacido.
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