Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

personas privadas de libertad sin posibilidad alguna de disfrute de esos derechos. En tal
sentido, la Misión también tomó nota de informes sobre serias irregularidades en la
administración y gestión de recursos para dotar a las cárceles y penitenciarías de programas
adecuados de acceso al trabajo por parte de los internos 40 .
5.1. Conclusiones y recomendaciones
86. La Misión considera, de acuerdo a las evidencias obtenidas, que el Estado colombiano no
está cumpliendo efectivamente con su obligación de brindar oportunidades de trabajo y
educación a las personas privadas de libertad del país.
Por lo anterior el Estado colombiano deberá:
87. Adoptar de manera efectiva y sin dilaciones todas las medidas necesarias para garantizar el
pleno acceso a la educación y al trabajo a todas las personas privadas de libertad, toda vez que
en el sistema jurídico colombiano dichos derechos están íntimamente ligados al fin
resocializador de la pena privativa de libertad 41 , de acuerdo a lo estipulado por la propia
Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por
Colombia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el “Pacto de San
José”.
88. Apoyar y promover el desarrollo e implementación de programas a mediano y largo plazo
para garantizar la sostenibilidad del pleno acceso al trabajo en condiciones dignas para todas
las personas privadas de libertad. Con respecto al derecho al trabajo, se propiciará, mediante
convenios de obra, contratación y comercio, la coparticipación del sector estatal y privado en
la elaboración, implementación y desarrollo de tales programas, incluyendo la adquisición a
precios de mercado de los bienes y productos producidos.
89. Garantizar la vigencia y sostenibilidad del pleno derecho a la educación para todas las
personas privadas de libertad para lo cual el INPEC junto con el Ministerio de Justicia y del
Derecho propiciarán acuerdos con entidades públicas, especialmente el Ministerio de
Educación y las Universidades, entidades privadas y no gubernamentales, para el desarrollo y
la implementación en el mediano plazo de un sistema coherente y suficiente de educación en
todos los centros carcelarios y penitenciarios, en los tres niveles (primario, secundario y
terciario), como así también de capacitación técnica y especializada. El Estado colombiano
deberá garantizar el apoyo necesario a dichas iniciativas como así también el adecuado
monitoreo y la adecuada contraloría de las mismas.
6. El derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación
90. La Misión constató, en casi todos los centros visitados, la discriminación padecida por
personas privadas de libertad, principalmente por razones de su condición económica, su
origen étnico (véase capítulo 2) y/o su orientación sexual.
40 Contraloría General de la República, ob. cit., pp. 23-25.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-718 de 1999.
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