Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

117. La jurisdicción especial tiene la responsabilidad de desarrollar mecanismos que permitan
a los pueblos indígenas encarar problemas nuevos sin el recurso a la cárcel. Igualmente, las
organizaciones indígenas tienen la responsabilidad de difundir sus derechos entre sus
miembros y generar mecanismos de soporte respecto de quienes han caído en un proceso penal
o en la cárcel.
118. Hay responsabilidad por parte de los operadores de justicia, del personal carcelario y de
los abogados defensores respecto del desconocimiento de los derec hos que asisten a los
indígenas y los mecanismos para hacerlos valer (como las pericias antropológicas y diversos
mecanismos de defensa). Falta una mayor difusión entre los operadores de justicia, el personal
del INPEC y las organizaciones indígenas de las decisiones sobre acciones de tutela que
ampararon derechos indígenas.
119. Hay responsabilidad del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria por la falta de un
diseño de políticas en la materia, teniendo en cuenta la normativa nacional e internacional
relativa a los pueblos indígenas. Igualmente se presenta la misma carencia en el Plan de
Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia.
120. Falta ampliar la cobertura del servicio de defensa hacia la población indígena y
afrocolombiana, con abogados que conozcan el tema indígena y, preferentemente, hablen
algún idioma indígena. Frente a la inoperancia de la defensa de oficio, cabe destacar el
compromiso profesional encontrado entre los defensores públicos. Sin embargo, su número es
aún limitado y carecen de vinculación laboral con su entidad (son contratados), lo cual
introduce una inestabilidad al modelo de la defensa pública (carencia de seguridad laboral y
personal). Adicionalmente, les falta formación en materia de derechos indígenas propiamente.
121. Hay responsabilidad en los organismos de justicia por la falta de nombramiento de
intérpretes judiciales para idiomas indígenas.
122. Hay responsabilidad judicial por la no aplicación de penas distintas al encarcelamiento
respecto de los indígenas condenados y constituye un caprichoso incumplimiento del inciso 2
del artículo 10 del Convenio 169 de la OIT.
123. Los indígenas y afrocolombianos son especialmente discriminados en prisión. Hay
responsabilidad en la administración penitenciaria por la falta de provisión de lugares de
reclusión especiales a los indígenas y de condiciones mínimas de vida digna para indígenas y
afrocolombianos.
124. El INPEC es responsable por la negación del derecho a la diversidad cultural a pesar de la
existencia de tutelas que así lo ordenan, al tenor de las cuales debía facilitar la vivencia
cultural y religiosa, el tratamiento de la salud y la alimentación dentro de su marco cultural y
garantizar su cercanía a la familia y el grupo étnico mediante los traslados respectivos.
Igualmente lo es por no posibilitar condiciones de educación y trabajo. La autoridad
penitenciaria también es responsable por el no otorgamiento de beneficios que permitan a los
indígenas la ejecución de su pena por fuera de la cárcel.
125. Hay responsabilidad de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que
prácticamente no visitan las cárceles ni se entrevistan directamente con las personas privadas
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