Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

penas principales y no sólo sustitutivas de la prisión, sanciones alternativas al encarcelamiento
como las multas, el trabajo comunitario, los arrestos de fin de semana, la detención
domiciliaria, el alejamiento del domicilio de la víctima, probation, entre otras sanciones no
privativas de la libertad.
Uso mínimo de la prisión
265. Reducción del uso de la prisión sólo para los casos de extrema gravedad y cuando no
haya otra solución para la prevención de mayor violencia. Reducción de la pena máxima a 20
años (según lo que recomiendan los estándares internacionales), para evitar que penas
prolongadas se conviertan de facto en prisión perpetua, proscrita por la Constitución.
Suspensión de fallos condenatorios de penas menores a seis meses, para evitar el efecto
contaminante y deteriorante que la prisión causa en primarios.
Eliminación de la detención administrativa y estricto control jurisdiccional de toda captura
266. Restringir las capturas a las originadas en orden judicial y flagrancia. Eliminar la
detención gubernativa o administrativa, pues en la práctica tiene un uso abusivo (redadas y
batidas) y no es posible controlar el seguimiento de las restricciones constitucionales.
Introducir control jurisdiccional previo a las capturas y medidas limitativas de derechos
ordenadas por la Fiscalía General de la Nación.
267. Ejercer mayores controles sobre el arresto en flagrancia, por la Fiscalía General de la
Nación y los jueces, a fin de que la Policía no continúe con la práctica de las llamadas
“redadas” o “batidas” que sólo judicializan a “viciosos” (consumidores de droga o microcomercializadores)
y delitos de bagatela, sobrecargando el sistema penal. Utilizar políticas
sociales frente a la marginalidad y no exclusivamente la represión. Eliminar la posibilidad de
atribuir funciones de policía judicial a los militares (consagrada en la Ley de seguridad y
defensa nacional). Luego de un arresto en flagrancia, reafirmar la obligación de poner a la
persona a disposición de la autoridad judicial y no sólo “comunicar de dicha detención”, como
se dispone en la Ley 684 de 2001.
268. Control jurisdiccional y constitucional de todas las medidas y situaciones privativas de
libertad. Ampliar las posibilidades de utilización del habeas corpus, siguiendo la iniciativa de
la Defensoría del Pueblo, a fin de que se contemple un habeas corpus correctivo de las
condiciones de prisión, y quede claro que el habeas corpus cabe también contra órdenes
judiciales, cuando éstas se alejan de todo fundamento legal. Cabría añadir también el habeas
corpus como recurso contra la detención preventiva, cuando ésta desvirtúa sus fines al impedir
la realización del proceso y generar violaciones de derechos humanos.
Uso mínimo, excepcional y controlado de la detención preventiva
269. Este es un tema particularmente importante porque afecta personas que se presume
inocentes y alcanza a la mayoría de la población penal (teniendo en cuenta quienes no tienen
sentencia firme y ejecutoriada constituyen casi dos tercios de la población penal). La duración
de los procesos (normalmente más de tres años hasta la condena y más de siete años si va en
casación), la imposibilidad material de que los establecimientos de reclusión realmente puedan
asegurar las remisiones para que las personas privadas de libertad concurran a sus procesos, el
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