Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

153 de 1998, ello no obsta para que dejen de visitar los centros de reclusión.
Sistemáticamente, en todas las cárceles y penitenciarías visitadas, funcionarios penitenciarios
y personas privadas de libertad coinciden en indicar que los jueces de ejecución no visitan las
prisio nes 140 . En la reunión que esta Misión sostuvo con los jueces de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Bogotá, ellos destacaron como problemas que afectan su labor, entre
otros: la gran carga procesal, la escasez de medios materiales, la falta de personal de apoyo y
el desorden creado por la Secretaría Única. También manifestaron que para una persona
privada de libertad resultaba más beneficioso que una visita a la cárcel, que los jueces
resolvieran su caso. A su vez indicaron que carecen de fuerza coercitiva para solucionar
problemas como la corrupción y las pésimas condiciones de reclusión.
221. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad no parecen tener una actitud
diligente para facilitar la obtención de beneficios y libertades por parte de las personas
privadas de libertad. Tampoco ejercen ninguna de sus atribuciones para incidir en la situación
que la Corte Constitucional ha calificado como un “estado de cosas inconstitucional”.
222. Esta Misión ve con pesar que dichos jueces no visiten con frecuencia –o simplemente no
visiten– los establecimientos de reclusión ni las estaciones policiales y, por ende, no verifican
el lugar y las condiciones en las que se cumplen las penas y medidas de seguridad, ni
corroboran si hay o no condiciones para la llamada resocialización, i.e. trabajo y estudio. No
obstante que la Corte Constitucional ha advertido de este hecho en la sentencia T-153 de 1998
y ha ordenando a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que
investigue la razón de la no asistencia de los jueces de penas y medidas a las cárceles y
penitenciarías, tal inasistencia continúa.
4. Recursos legales para la protección de derechos
4.1. Control de la privación de libertad
Control de capturas inconstitucionales
223. Aparte del habeas corpus, el artículo 353 del CPP prevé un mecanismo de control de la
legalidad de un arresto o de la prolongación del mismo cuando se produce como violación de
los derechos humanos. En tal caso, la autoridad que tuviera la persona a su cargo (fiscal o
juez), tiene la obligación de liberarla 141 . Muchas detenciones de consumidores o microcomercializadores
de drogas se producen en redadas o arrestos masivos efectuados por la
Policía sin seguimiento de garantía constitucional alguna. Lamentablemente, como los casos
de tráfico están sobrecriminalizados, las personas procesadas por hechos no tan relevantes
pasan al sistema penal. Si la Fiscalía General de la Nación y la judicatura ejercieran un mayor
control sobre estos hechos, probablemente habría menos personas en las cárceles por delitos
de bagatela, que sólo recargan el sistema y distraen los recursos que se requerirían para los
casos verdaderamente importantes. La prolongación de vulneraciones durante la detención
140 Como ejemplo, el Director de la cárcel de Distrito Judicial de Bogotá-La Modelo dijo que en los cuatro meses
que llevaba en el cargo nunca había visto un juez de ejecución penal. Un preso que lleva cuatro años dijo lo
mismo.
141 Artículo 353 del CPP: “Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad.
Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el
funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad”.
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