Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

condiciones más ajustadas a la normativa internacional en la materia 4 , la situación general
puede definirse como crítica.
Incumplimiento de obligaciones
15. La grave situación carcelaria observada compromete seriamente el cumplimiento de las
obligaciones del Estado colombiano de proteger la vida, integridad física, dignidad y
seguridad jurídica de las personas privadas de libertad y de promover y facilitar su
reintegración social, consagradas en la Constitución nacional y en los instrumentos de
derechos humanos ratificados por el país 5 . Tal situación también tiene un impacto
crecientemente negativo en relación con la seguridad humana de la población general del país.
Responsabilidades
16. La Misión notó con preocupación que, a pesar de la existencia de numerosos, detallados y
actualizados informes sobre la situación penitenciaria y carcelaria preparados por instancias
del poder ejecutivo, legislativo y judicial, la Defensoría del Pueblo, las entidades
intergubernamentales, académicas y no gubernamentales, en su mayoría coincidentes con el
presente Informe, el Estado colombiano, a través de sus instituciones directamente
responsables, no ha adoptado medidas efectivas para resolver la situación, entre las que están
incluidas la debida aplicación de las leyes vigentes y de la normativa internacional en materia
de derechos humanos.
17. Las autoridades colombianas, especialmente del Ministerio de Justicia y del Derecho y el
INPEC, aparentemente han preferido privilegiar medidas paliativas, ineficaces y onerosas tales
como la construcción de prisiones de alta seguridad y la promoción de la denominada “nueva
cultura penitenciaria”. Según los hallazgos de la Misión, esa última constituye un mero
ejercicio de relaciones públicas que esconde la verdadera crisis de derechos humanos en el
sistema penitenciario y carcelario colombiano. La Misión notó también la tendencia por parte
de las instituciones responsables de minimizar la situación, incluyendo la manipulación de
estadísticas sobre el hacinamiento penitenciario y carcelario 6 .
4 Debe destacarse, sin embargo, que incluso en esos establecimientos la Misión constató violaciones a normas
internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la falta de separación entre población sindicada y condenada
tal como lo ordena el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (“Pacto de San José”).
5 Principalmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Americana de
Derechos Humanos (“Pacto de San José”) (1969), la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984) y la Convención Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura (1985). Todos estos instrumentos son de carácter vinculante y han sido firmados y
ratificados por el Estado colombiano.
6 La Misión pudo comprobar que las estadísticas del INPEC no incluyen las cerca de cinco mil personas recluidas
ilegalmente en las estaciones de policía del país y que están bajo su responsabilidad. Asimismo, las estadísticas
del INPEC sobre la capacidad y la cantidad de población de algunos centros carcelarios y penitenciarios son
totalmente incorrectas. Por ejemplo, según las cifras oficiales del INPEC, la cárcel de Distrito Judicial de Bogotá-
La Modelo tenía, a fines de septiembre de 2001, capacidad para albergar 3.016 personas y una tasa de
hacinamiento equivalente al 59%. Sin embargo, la Misión comprobó durante su visita a dicho centro carcelario, el
día 16 de octubre de 2001, que su capacidad real era tan sólo para albergar 1.900 personas y que para esa fecha
tenía un total de población de 4.763 personas privadas de libertad, lo cual equivale a un índice de densidad o
hacinamiento (calculado internacionalmente como el total de personas recluidas por 100 plazas disponibles) del
250%.
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