Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

La fase penitenciaria y las restricciones para recuperar la libertad
210. La actitud reticente de la administración penitenciaria y los jueces de ejecución de penas
y medidas de seguridad para el otorgamiento de beneficios da lugar a restricciones ilegítimas –
si no ilegales– de los mismos. El otorgamiento de beneficios administrativos por parte del
INPEC permite a las personas privadas de libertad ir superando una fase del tratamiento que
luego les permite obtener su libertad.
3. La administración penitenciaria
Aumento ilegal de requisitos para beneficios (permiso de 72 horas)
211. No obstante la administración penitenciaria reconoce que hay un excesivo hacinamiento
carcelario, ella misma desarrolla una política de denegación de beneficios en contra de lo
dispuesto por la ley y restringiendo derechos otorgados por la misma. Así, mediante el decreto
232 de 1998 “por el cual se dictan disposiciones en relación con el artículo 147 de la Ley 65
de 1993” y la circular 0082 de 22 de mayo de 2000, emitida por la Dirección General del
INPEC “por medio de la cual se instruye a los Directores Regionales y Directores de
Establecimientos carcelarios sobre los permisos hasta de 72 horas a que hace alusión el art.
147 de la Ley 65 de 1993”, la administración penitenciaria se ha auto-atribuido funciones
legislativas incrementando los requisitos legales para la obtención del beneficio de permiso de
72 horas 124 . Entre los requisitos que se añaden se encuentran algunos de naturaleza
propiamente ilegal como la existencia de “informes de inteligencia que vinculen al solicitante
con organizaciones delincuenciales” o la doble pena, dado que a quien ha tenido una falta
administrativa –y que ya pagó por ella– se le niega el beneficio como una doble sanción por el
mismo hecho, o pena por “alarma social” cuando se niega el beneficio “cuando va a trascender
a la opinión pública”. Los directores de diferentes centros de reclusión explicaron a la Misión
que si piden informes al DAS y la persona “tiene antecedentes” se le niega el beneficio en
seguimiento de la disposición del INPEC. De ese modo, la administración penitenciaria ha
reingresado la figura de los antecedentes (ni siquiera penales sino policiales) para limitar
derechos. Frente a la ilegalidad de estas disposiciones administrativas, la Defensoría del
124 El decreto 232 de 1998 añade requisitos para las personas condenadas a penas superiores a 10 años, lo cual no
está consignado en el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario. Entre otros: que el solicitante no sea
sindicado en otro proceso, que no existan informes de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado
que vinculen al solicitante con organizaciones delincuenciales y que no haya incurrido en faltas disciplinarias
(artículo 121 del Código Penitenciario y Carcelario). El decreto amenaza con sanción por falta disciplinaria a los
funcionarios que no acaten las disposiciones que contiene. De otra parte, la circular 0082 de 22 de mayo de 2000,
emitida por el Director del INPEC, establece que el permiso de hasta 72 horas ya no constituye un derecho sino
una facultad discrecional de la administración penitenciaria y exige que se eleven a consulta a la Dirección
General del INPEC las solicitudes de permiso cuando se trate de condenados por “delitos graves o internos de
alta o especial seguridad, o cuya concesión pueda trascender a la opinión pública, ya sea por la calidad del
interno o de la víctima, por la clase del delito que se imputa o por pertenecer a organizaciones armadas al margen
de la ley”. Si bien el artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario establece que la persona privada de
libertad no debe tener requerimientos de autoridad judicial, la circular obliga a la Dirección del centro de
reclusión a indagar también en los organismos de seguridad del Estado (DAS, SIJIN, DIJIN, CTI). A su vez
reitera los requisitos adicionales impuestos por el decreto 232 de 1998 para los condenados a penas mayores a 10
años.
55