Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

Penitenciaria, a fin de diseñar pautas para una mayor protección de los derechos de los
indígenas procesados y condenados.
143. Censo de indígenas procesados y presos a fin de que se puedan garantizar sus derechos.
Estudio sobre la demanda de traducción. Institucionalizar la pregunta sobre la pertenencia
étnica y el idioma al momento de la detención, procesamiento judicial, ingreso a centros de
reclusión.
144. Destierro de las pericias antropométricas y del certificado del Ministerio del Interior
sobre la pertenencia étnica.
145. Formación de peritos para la emisión de peritaje antropológico.
146. Programas de difusión de derechos indígenas ante la justicia para operadores judiciales,
defensores e indígenas que sean promovidos por los mismos organismos de justicia, la
Defensoría del Pueblo y las organizaciones indígenas.
Recomendaciones específicas y de corto plazo
147. Nombramiento inmediato de defensores a los indígenas privados de libertad que carecen
del mismo, como en el caso de Amazonas y Cali.
148. Coordinación con los resguardos de origen de los indígenas presos, para todos los efectos
correspondientes (acreditación, respaldo, visita, coordinación de cumplimiento de pena en
resguardo, etc.).
149. Traslado inmediato de indígenas con procesos pendientes en lugares distintos al de
encarcelamiento, a fin de facilitar su derecho de defensa y pronto juzgamiento, como los
indígenas de Cali con proceso pendiente en Amazonas.
150. Realización de pericias antropológicas en los casos de indígenas que no tienen
acreditación comunitaria de su pertenencia étnica.
151. Identificación de intérpretes para idiomas indígenas.
4.3. Derecho a medidas distintas al encarcelamiento
Recomendaciones generales
152. Adecuación normativa del Convenio 169 de la OIT a fin de que la normativa nacional
contemple las previsiones de dicho Convenio, incluyendo más medidas alternativas a la
prisión, como el trabajo comunitario.
153. Aplicación de medidas de aseguramiento distintas al encarcelamiento por parte de los
fiscales, dado que tal constituye una pena de prisión de facto y uno de sus objetivos es
asegurar el cumplimiento de la pena.
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