Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

presos, ni exigen la realización de pericias antropológicas. A pesar de su inconstitucionalidad,
algunos funcionarios judiciales y penitenciarios todavía exigen la constancia otorgada por el
Ministerio del Interior sobre la condición indígena de una persona para tenerla en cuenta.
110. Hay afrocolombianos sindicados por delitos menores que están en prisión por varios años
y su situación revela la falta de una defensa profesional idónea. Sus condiciones de mayor
discriminación en la prisión parecen no haber sido objeto de cuestionamiento jurídico ni de
observación por parte de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.
Sobre la aplicación de penas distintas al encarcelamiento
111. A pesar de lo establecido en el artículo 10, inciso 2 del Convenio 169 de la OIT sobre la
imposición de sanciones distintas al encarcelamiento en el caso de indígenas, esta obligación
internacional no es respetada. Los fiscales desconocen o incumplen tal normativa al establecer
medidas de aseguramiento que se constituyen en penas efectivas de prisión. De otra parte, los
jueces que juzgan indígenas sólo se rigen por la legislación secundaria de carácter ordinario,
sin tener en cuenta la normativa internacional, por lo que dictan autos de detención sólo
teniendo en cuenta el delito y no la condición indígena. Además, en el caso de una decisión de
condena no aplican penas alternativas a la prisión. Al momento de la ejecución de la pena, ni
los jueces de ejecución de penas ni la autoridad penitenciaria tienen en cuenta esta obligación
internacional, para efectos de aplicar beneficios administrativos o judiciales que permitan que
los indígenas gocen de sanciones distintas al encarcelamiento. De las entrevistas sostenidas se
desprende el desconocimiento de esta obligación internacional por parte de los operadores de
la justicia, de los funcionarios de la administración penitenciaria, de los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad e, incluso, de los abogados defensores.
Sobre el lugar del encarcelamiento
112. Si bien en el caso de indígenas deberían aplicarse preferentemente sanciones distintas al
encarcelamiento (artículo 10, inciso 2 del Convenio 169 de la OIT) y, por lo tanto, no debería
haber prácticamente indígenas presos, en todo caso, el Código Penitenciario y Carcelario, en
su artículo 29, prevé el encarcelamiento de los indígenas en establecimientos penitenciarios
especiales 69 . La Corte Constitucional justifica la necesidad de dicha protección especial a fin
de que no sean amenazados, mediante la reclusión en establecimientos ordinarios, los valores
y la cultura indígena que gozan de protección constitucional 70 . No obstante la protección
69 En el plano comparativo es conocida la mayor vulnerabilidad de los indígenas frente a las condiciones adversas
de la prisión por el alejamiento de su entorno sociocultural y su mayor discriminación por los otros privados de
libertad y el personal penitenciario.
70 “Es claro que la reclusión de indígenas en establecimientos penitenciarios corrientes, implicaría una amenaza
contra dichos valores, que gozan de reconocimiento constitucional; de ahí que se justifique su reclusión en
establecimientos especiales”. Corte Constitucional, Sentencia C-394 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo (demanda
de inconstitucionalidad contra artículos de la Ley 65 de 1993 por la cual se expide el Código Penitenciario y
Carcelario). El artículo 29 del Código Penitenciario y Carcelario tamb ién contempla la existencia de pabellones
especiales para funcionarios de elección popular y personas de la tercera edad. En la sentencia mencionada la
Corte se pronunció indicando que: “En lo que respecta a los ex servidores públicos de que trata la frase final del
primer inciso del artículo 29, advierte la Corte que la norma debe interpretarse de una manera racional, es decir
que el beneficio en ella contemplado cobija solamente a quienes hayan desempeñado los cargos mencionados en
el artículo 29 con una antelación razonable; de lo contrario se estaría constituyendo un fuero vitalicio en favor de
quienes en algún momento desempeñaron alguno de los cargos, de los señalados en la norma, lo cual a todas
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