Informe Carceles - Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las ...

Constitucional, Sentencia T-490), esto es, que la Policía sólo puede detener a alguien por
orden judicial o en flagrancia, con inmediato control judicial. En cambio, en interpretación
posterior de la Corte Constitucional (Sentencia C-024 de 1994) admite excepciones al régimen
de reserva judicial de la libertad aceptando la detención administrativa o gubernativa por la
Policía, i.e. sin orden judicial, ni delito flagrante, aunque bajo ciertos requisitos (razones
objetivas en motivos fundados, necesidad o apremio, restricción temporal, proporcionalidad a
la gravedad del hecho, y sólo con el objeto de verificar la identidad o hechos) 103 .
198. En la práctica, los cuerpos de seguridad efectúan detenciones sin las restricciones
señaladas por la Corte Constitucional para la detención gubernativa. La Policía realiza
capturas masivas (“batidas” o “redadas”) en zonas populares donde aprehende consumidores
(“viciosos”) o vendedores de droga a menor escala, personas sindicadas por hurto y gente
indocumentada. De estos arrestos son judicializados muchos casos por hurto y por drogas
ilícitas (Ley 30 de 1986), generando una gran congestión en el sistema penal 104 . Según un
informe de la Policía, del total de detenciones efectuadas por la misma sólo el 19% fueron
realizadas por orden judicial y el 81% restante por acción policial propia 105 . De hecho, la
Policía no discrimina en sus informes las detenciones administrativas de los arrestos en
flagrancia. Muchos de los casos consignados como arrestos en flagrancia no cumplen ninguno
de los requisitos de las mismas. Las detenciones policiales, sin mayor control, son fuente de
abusos y privación ilegítima de la libertad.
Los peligros de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional para la libertad y derechos
constitucionales: la emergencia sin control
199. La Ley 684 del 13 de agosto de 2001 “por la cual se expiden normas sobre la
organización y funcionamiento de la seguridad y defensa nacional y se dictan otras
disposiciones”, bajo la bandera de la protección de la seguridad y la defensa nacional (artículo
1), busca crear un régimen de excepción y restricción de derechos ciudadanos, pero sin
someterse a las normas y controles constitucionales de dicho régimen 106 . El artículo 58, contra
lo preceptuado en la Constitución, no obliga a poner a los capturados en delito flagrante de
modo inmediato ante la autoridad judicial, sino tan sólo establece la obligación de
“comunicar” sobre dicha captura. De otra parte, el artículo 59 obliga a la Fiscalía General de la
Nación a otorgar “facultades de policía judicial a miembros de las Fuerzas Militares”,
violando la autonomía de la Fiscalía y pretendiendo encargar a un ente militar, jerárquico y
nada imparcial la realización de delicadas funciones investigativas. Es bastante obvio que, por
falta de control jurisdiccional inmediato, se puedan producir detenciones masivas y,
eventualmente, torturas y desapariciones. La Defensoría del Pueblo ha interpuesto una acción
103
Lamentablemente tal interpretación ha dado lugar a muchos abusos, como la realización de 3.000 detenciones
y allanamientos el día mismo que se emitió tal sentencia. El Tiempo, 16 de febrero de 1994, pág. 8, citado por
Inés Uprimny, ob. cit., pág. 36.
104
Informe de fiscales consignado en OACNUDH-Defensoría del Pueblo, Diagnóstico sobre el programa penal
ordinario para capitales y municipios, Documento de trabajo redactado por Gabriela Vázquez, OACNUDH,
Bogotá, 2001, pág. 318-324.
105
Informe de la Dirección Central de la Policía Judicial enviado a la Defensoría del Pueblo, citado en
OACNUDH-Defensoría del Pueblo, ob. cit., pp. 311-313.
106
La ley mediante la figura del “teatro de operaciones” pretende crear un territorio prácticamente libre de
constitucionalidad donde todos los poderes y la ciudadanía se sometan al poder ejecutivo y a las Fuerzas
Armadas.
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